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Ley Ricarte Soto: Un avance en salud pública, pero con pendientes

Nelly Baeza
1 junio, 2015

Por Dra. Nelly Baeza Tapia, coordinadora del Programa de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central

 

La reciente aprobación del Sistema de Protección Financiera para Enfermedades de Alto Costo, más conocida como Ley Ricarte Soto, constituye un importante avance en materia de salud pública.

 

A la Ley Ricarte Soto pueden acogerse todos los chilenos y chilenas, independiente de su sistema previsional, que padezcan de una enfermedad cuyos gastos en diagnóstico y tratamiento superen el 40% del ingreso familiar y que, por ser poco frecuente, no cumpla los criterios AUGE.

 

Cubrirá tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con efectividad probada. Así, con la nueva ley se espera llegar a cubrir el tratamiento a cerca de 20.000 personas aumentando el presupuesto destinado, de manera progresiva, a 100.000 millones de pesos en 4 años.

 

El gran paso es que los chilenos y chilenas tendremos  mejor acceso a medicamentos y tecnología, independiente de los recursos económicos de la familia, ya que la ley colabora a la equidad, disponiendo de un fondo solidario que no discrimina los seguros entre FONASA, ISAPRE o FFAA.

 

La Ley Ricarte Soto, con todo lo perfectible que pueda ser, puso en el primer plano de la opinión pública la discusión del derecho a la salud y la necesidad de que los recursos de salud se administren como un fondo solidario. El contar con más presupuesto para salud, a través de una discriminación positiva con equidad, con participación de los ciudadanos y de sus organizaciones es uno de sus logros más importantes.

 

Entre los aspectos que ley deberá mejorar se encuentra la disponibilidad incremental de los recursos, dado que los beneficiarios estimados podrían esperar hasta dos años en acceder a esta cobertura. Además, se discrimina entre los enfermos, en el entendido que una enfermedad común (no considerada rara) puede ser catastrófica para una persona de ingresos promedios.

 

Es por ello que se debe seguir caminando hacia la salud como un derecho garantizado y con un seguro único; sólo de esta forma disminuirá la brecha de recursos y existirá mayor igualdad entre todos los ciudadanos de esta nación.

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Categoría: Columnas
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Ley Ricarte Soto: Un avance en salud pública, pero con pendientes

Por Dra. Nelly Baeza Tapia, coordinadora del Programa de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central

 

La reciente aprobación del Sistema de Protección Financiera para Enfermedades de Alto Costo, más conocida como Ley Ricarte Soto, constituye un importante avance en materia de salud pública.

 

A la Ley Ricarte Soto pueden acogerse todos los chilenos y chilenas, independiente de su sistema previsional, que padezcan de una enfermedad cuyos gastos en diagnóstico y tratamiento superen el 40% del ingreso familiar y que, por ser poco frecuente, no cumpla los criterios AUGE.

 

Cubrirá tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con efectividad probada. Así, con la nueva ley se espera llegar a cubrir el tratamiento a cerca de 20.000 personas aumentando el presupuesto destinado, de manera progresiva, a 100.000 millones de pesos en 4 años.

 

El gran paso es que los chilenos y chilenas tendremos  mejor acceso a medicamentos y tecnología, independiente de los recursos económicos de la familia, ya que la ley colabora a la equidad, disponiendo de un fondo solidario que no discrimina los seguros entre FONASA, ISAPRE o FFAA.

 

La Ley Ricarte Soto, con todo lo perfectible que pueda ser, puso en el primer plano de la opinión pública la discusión del derecho a la salud y la necesidad de que los recursos de salud se administren como un fondo solidario. El contar con más presupuesto para salud, a través de una discriminación positiva con equidad, con participación de los ciudadanos y de sus organizaciones es uno de sus logros más importantes.

 

Entre los aspectos que ley deberá mejorar se encuentra la disponibilidad incremental de los recursos, dado que los beneficiarios estimados podrían esperar hasta dos años en acceder a esta cobertura. Además, se discrimina entre los enfermos, en el entendido que una enfermedad común (no considerada rara) puede ser catastrófica para una persona de ingresos promedios.

 

Es por ello que se debe seguir caminando hacia la salud como un derecho garantizado y con un seguro único; sólo de esta forma disminuirá la brecha de recursos y existirá mayor igualdad entre todos los ciudadanos de esta nación.