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[COLUMNA] La administración de las emergencias requiere de constante mejora y adecuación

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23 enero, 2017
Por Cristóbal Goñi Espíldora, experto en Emergencias.
 
Es una verdad, del porte de una casa, que la administración de las emergencias requiere de constante mejora y adecuación a los distintos fenómenos por cuales se producen, si es que se les puede llamar así.
El sistema de protección civil de un país, requiere de la implementación de un proceso metodológico compuesto de varias fases o etapas y de una premisa fundamental: “debe extirparse cualquier intento por politizar la toma de decisiones a factores políticos que evidentemente buscar disminuir los efectos sobre la percepción de la opinión pública de la efectividad del gobierno de turno”.
 
Chile hace ya bastante tiempo viene requiriendo esa adecuación e iniciativas, sin embargo y como es evidente, estás han quedado empantanadas y bloqueadas, digamoslo así, en el Poder Legislativo y que a pesar que ellas han llevado un desarrollo técnico y profesional muy adecuado, el que por cierto, no ha estado ajeno a intentos de influencias políticas y de control, en la participación y toma de decisiones.
 
La Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) del Ministerio del Interior, ha venido desarrollándose y sufriendo un proceso de adaptación con evidentes análisis de las lecciones aprendidas ante catástrofes pasadas, con el costo que aquello conlleva, y ha ido muy paulatinamente, en la medida de lo posible, obteniendo un mayor rol de coordinación en la administración de las emergencias, desarrollado adecuadamente, procedimientos evidentemente basados en la experiencias, como por ejemplo; el manejo logrado ante terremotos y tsunamis.
 
Sin embargo, ésta necesita una herramienta fundamental para lograr la complementación y afianzar su misión de coordinación, mando y control. Si mando y control.
 
La antigua Ley de Protección Civil, o Plan Nacional de Emergencias y Catástrofes, existente desde el gobierno militar, creada en los años 70s, organizaba este rol, pero sin embargo y como es de suponer (contexto histórico), daba a las FFAA, el mando y control y la aplicación de un criterio castrense de la administración de las emergencias que, sin desmedro de ser efectivo, como el mundo militar suele serlo en conseguir sus objetivos bajo la modalidad de estrategia para operaciones militares, imponía conceptos que hace, bastante tiempo, organismos tales como Naciones Unidas, vienen exponiendo que no guardan armonía con la empatía de civiles afectados y dificultan la implementación del concepto de protección civil que actualmente se aplica en el mundo desarrollado bajo la premisa de Ayuda Humanitaria. Sin embargo, las FFAA deben tener un rol en el sistema de protección civil, porque poseen la estructura adecuada de intervención y despliegue, la logística y capacidades de reacción y por sobre todo garantizan la seguridad y el orden público necesarios para desarrollar operaciones de Paz en la asistencia en desastres.
 
Llegados los albores de los años 2000, el gobierno de turno modifica el Plan Nacional de Emergencias y Catástrofes para la Protección Civil en Chile y le quita el rol de mando y control a las FFAA para afianzarlo y depositarlo en el mundo civil a través del Ministerio de Interior en la responsabilidad y gestión de la ONEMI, pero no implementa ni deja radicado en esta oficina, el mando y control real, sino más bien la coordinación de las diferentes instituciones y niveles de administración locales como los municipios, provincias y regiones a través de los Comités de Operaciones de Emergencias (COE) , las que por lo demás, obedecen a protocolos propios, que no conversan entre ellos y muy celosos de su naturaleza de gobierno e institucionalidad .
 
Transcurridos un decenio de los años 2000, se producen modificaciones, vía decretos supremos del gobierno, de roles de las instituciones intervinientes, complementos y reforzamientos de la ONEMI, dando pasos a ciertos albores de empoderamiento de su rol de coordinación y mando, aunque este aún tibio desde el punto de vista de la toma de decisiones.
 
Todo lo anterior desde el punto de vista de la respuesta, pero con un débil y casi inadvertido realce de la prevención, mitigación y preparación del nivel municipal, provincial y regional, mantenimiento la condicionante y no la obligatoriedad de que estos niveles de la organización del Estado, asuman y desarrollen los conceptos de la protección civil, la organización de la comunidad, la educación de la población en prevención y mitigación de la gestión del riesgo emergente y lo más relevante, la descentralización de la toma de decisiones y uso de recursos escalonados.
 
Factores tales como poca inversión y atributos legales en los organismos técnicos , que son los asesores del sistema de protección civil, la orientación de los recursos a casi por completo la inversión privada, mermando el rol que la Constitución le asigna al Estado como garante de la protección de los ciudadanos, la complaciente postura de los municipios a la espera de “la decisión” de Estado en materia de urbanización y organización territorial y la no implementación de adecuados planes reguladores por parte de los mismos, producen las condiciones para el desarrollo de una verdadera “tormenta perfecta” para el aumento y presencia del riesgo para la población.
 
Gran parte de esta discusión y análisis deja al descubierto que la gestión de la protección civil, sólo se desarrolla a niveles de respuesta y las fases de prevención, mitigación y preparación son extremadamente incipientes o lisa y llanamente inexistentes, para lo cual solo un caso como la experiencia de los incendios forestales en Valparaíso, ejemplifican y demuestran su realidad.
 
Lo que necesitamos en Chile es una legislación que establezca obligatoriedad de implementar estos conceptos de prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción y que en cada una de estas etapas los niveles municipales, provinciales, regionales y estatal cumplan su rol, que se entienda que se deben invertir y asignar recursos adecuados para desarrollar y complementarlos, descentralizarlos, empoderar y reforzar una agencia de protección civil que cree los protocolos de coordinación, mando y control de las instituciones y organismos técnicos del nivel respuesta, que a su vez se complementen adecuadamente en sus respectivos campos de acción y que de una vez por todas el Estado garantice la seguridad de los habitantes de Chile dejando de lado la decisión política, priorizando la toma de decisiones técnicas independientemente de quien gobierna.

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Categoría: Columnas
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[COLUMNA] La administración de las emergencias requiere de constante mejora y adecuación

Por Cristóbal Goñi Espíldora, experto en Emergencias.
 
Es una verdad, del porte de una casa, que la administración de las emergencias requiere de constante mejora y adecuación a los distintos fenómenos por cuales se producen, si es que se les puede llamar así.
El sistema de protección civil de un país, requiere de la implementación de un proceso metodológico compuesto de varias fases o etapas y de una premisa fundamental: “debe extirparse cualquier intento por politizar la toma de decisiones a factores políticos que evidentemente buscar disminuir los efectos sobre la percepción de la opinión pública de la efectividad del gobierno de turno”.
 
Chile hace ya bastante tiempo viene requiriendo esa adecuación e iniciativas, sin embargo y como es evidente, estás han quedado empantanadas y bloqueadas, digamoslo así, en el Poder Legislativo y que a pesar que ellas han llevado un desarrollo técnico y profesional muy adecuado, el que por cierto, no ha estado ajeno a intentos de influencias políticas y de control, en la participación y toma de decisiones.
 
La Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) del Ministerio del Interior, ha venido desarrollándose y sufriendo un proceso de adaptación con evidentes análisis de las lecciones aprendidas ante catástrofes pasadas, con el costo que aquello conlleva, y ha ido muy paulatinamente, en la medida de lo posible, obteniendo un mayor rol de coordinación en la administración de las emergencias, desarrollado adecuadamente, procedimientos evidentemente basados en la experiencias, como por ejemplo; el manejo logrado ante terremotos y tsunamis.
 
Sin embargo, ésta necesita una herramienta fundamental para lograr la complementación y afianzar su misión de coordinación, mando y control. Si mando y control.
 
La antigua Ley de Protección Civil, o Plan Nacional de Emergencias y Catástrofes, existente desde el gobierno militar, creada en los años 70s, organizaba este rol, pero sin embargo y como es de suponer (contexto histórico), daba a las FFAA, el mando y control y la aplicación de un criterio castrense de la administración de las emergencias que, sin desmedro de ser efectivo, como el mundo militar suele serlo en conseguir sus objetivos bajo la modalidad de estrategia para operaciones militares, imponía conceptos que hace, bastante tiempo, organismos tales como Naciones Unidas, vienen exponiendo que no guardan armonía con la empatía de civiles afectados y dificultan la implementación del concepto de protección civil que actualmente se aplica en el mundo desarrollado bajo la premisa de Ayuda Humanitaria. Sin embargo, las FFAA deben tener un rol en el sistema de protección civil, porque poseen la estructura adecuada de intervención y despliegue, la logística y capacidades de reacción y por sobre todo garantizan la seguridad y el orden público necesarios para desarrollar operaciones de Paz en la asistencia en desastres.
 
Llegados los albores de los años 2000, el gobierno de turno modifica el Plan Nacional de Emergencias y Catástrofes para la Protección Civil en Chile y le quita el rol de mando y control a las FFAA para afianzarlo y depositarlo en el mundo civil a través del Ministerio de Interior en la responsabilidad y gestión de la ONEMI, pero no implementa ni deja radicado en esta oficina, el mando y control real, sino más bien la coordinación de las diferentes instituciones y niveles de administración locales como los municipios, provincias y regiones a través de los Comités de Operaciones de Emergencias (COE) , las que por lo demás, obedecen a protocolos propios, que no conversan entre ellos y muy celosos de su naturaleza de gobierno e institucionalidad .
 
Transcurridos un decenio de los años 2000, se producen modificaciones, vía decretos supremos del gobierno, de roles de las instituciones intervinientes, complementos y reforzamientos de la ONEMI, dando pasos a ciertos albores de empoderamiento de su rol de coordinación y mando, aunque este aún tibio desde el punto de vista de la toma de decisiones.
 
Todo lo anterior desde el punto de vista de la respuesta, pero con un débil y casi inadvertido realce de la prevención, mitigación y preparación del nivel municipal, provincial y regional, mantenimiento la condicionante y no la obligatoriedad de que estos niveles de la organización del Estado, asuman y desarrollen los conceptos de la protección civil, la organización de la comunidad, la educación de la población en prevención y mitigación de la gestión del riesgo emergente y lo más relevante, la descentralización de la toma de decisiones y uso de recursos escalonados.
 
Factores tales como poca inversión y atributos legales en los organismos técnicos , que son los asesores del sistema de protección civil, la orientación de los recursos a casi por completo la inversión privada, mermando el rol que la Constitución le asigna al Estado como garante de la protección de los ciudadanos, la complaciente postura de los municipios a la espera de “la decisión” de Estado en materia de urbanización y organización territorial y la no implementación de adecuados planes reguladores por parte de los mismos, producen las condiciones para el desarrollo de una verdadera “tormenta perfecta” para el aumento y presencia del riesgo para la población.
 
Gran parte de esta discusión y análisis deja al descubierto que la gestión de la protección civil, sólo se desarrolla a niveles de respuesta y las fases de prevención, mitigación y preparación son extremadamente incipientes o lisa y llanamente inexistentes, para lo cual solo un caso como la experiencia de los incendios forestales en Valparaíso, ejemplifican y demuestran su realidad.
 
Lo que necesitamos en Chile es una legislación que establezca obligatoriedad de implementar estos conceptos de prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción y que en cada una de estas etapas los niveles municipales, provinciales, regionales y estatal cumplan su rol, que se entienda que se deben invertir y asignar recursos adecuados para desarrollar y complementarlos, descentralizarlos, empoderar y reforzar una agencia de protección civil que cree los protocolos de coordinación, mando y control de las instituciones y organismos técnicos del nivel respuesta, que a su vez se complementen adecuadamente en sus respectivos campos de acción y que de una vez por todas el Estado garantice la seguridad de los habitantes de Chile dejando de lado la decisión política, priorizando la toma de decisiones técnicas independientemente de quien gobierna.