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Hace más de 10 años, un grupo de jóvenes líderes universitarios se manifestaba a lo largo y ancho de todo nuestro país por la educación. Ahora que son gobierno, era de esperar que este tema fuera prioritario en su agenda, pero lamentablemente nos equivocamos.

Esta semana el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que la educación -producto de la pandemia y la oposición de los diputados de la actual coalición gobernante a abrir los colegios- podría demorar hasta 10 años en reactivarse, es decir en una década volveríamos a los niveles pre pandemia. Si bien este plazo puede ser realista, es definitivamente una mala noticia para miles de familias que tienen a sus hijos en edad escolar y confían en la educación como la vía a través de la cual ellos pueden desarrollarse.

Pero la pandemia no es la única causa de los problemas. En Atacama el 90% de los profesores llevan 39 días en paro, dejando a miles de niños sin clases por la mala gestión del sistema de educación pública. El presupuesto destinado a crear liceos bicentenario solo se ha ejecutado en poco más de un 11%. El MINEDUC está en permanente tensión con el Colegio de Profesores. El ausentismo está en máximos históricos. En síntesis, la situación es absolutamente crítica. 

Esta situación trae consigo consecuencias brutales para nuestra sociedad. En primer lugar, los niños y jóvenes en etapa escolar estarán menos preparados que las generaciones anteriores, quedando en una evidente desventaja. Esto afecta no solo la etapa escolar sino que también al futuro mercado del trabajo del que esos jóvenes serán parte, que con los avances de la tecnología se vuelve cada vez más competitivo. En definitiva, el deterioro en educación de las actuales generaciones tiene una repercusión permanente. 

Lo más grave de todo es que el Gobierno hace vista gorda y no enfrenta con claridad esta crisis desatada. No hay ninguna propuesta del Gobierno que apunte a mejorar la calidad de la educación, los mismos que con ahínco se manifestaban en 2011 por una educación “pública, gratuita y de calidad” no son capaces de materializar su propia consigna. 

Frente a esto, los que creemos en la educación como un motor de progreso social debemos promover que el debate se centre en la calidad del aprendizaje y no en cuestiones accesorias, como la propiedad de los establecimientos, que los actores de izquierda que actualmente gobiernan han puesto en el centro de las políticas públicas  con los paupérrimos resultados que ya conocemos. 

Juan Pablo Meier, Investigador Instituto Res Publica

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