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La protección integral de la vida de toda persona en cada momento de su existencia parece no ser una prioridad para algunos. La semana recién pasada, la Comisión de Expertos que está redactando el anteproyecto de nueva constitución aprobó en su Pleno una escueta norma sobre derecho a la vida, rechazando la indicación que mantenía la protección de la vida del que está por nacer e incorporaba a la maternidad vulnerable. Esto podría significar un grave retroceso en materia de protección de derechos humanos que deja indefensos a los que están por nacer y sus madres.

El anteproyecto tampoco consagra el derecho al aborto. Y como bien señalaron los expertos Frontaura, Peredo y Pavez, el derecho a la vida se extiende a todas las personas, también a las que están en el vientre materno, pero el rechazo al mandato al legislador significa un perjuicio constitucional y político para los niños que están por nacer. Es evidente que se trata de un intento más de movimientos abortistas por encubrir aquello que realmente buscan: la consagración del aborto como un derecho constitucional, aunque sea con una interpretación mañosa de la ley que deja fuera a seres humanos de forma arbitraria de las garantías constitucionales. Ya lo hicieron en 2021 cuando ingresaron el proyecto de aborto libre, pese a que en 2017 aseguraban que solo en casos extremos se justificaba terminar con la vida de un inocente, y en 2022 a través de una de las propuestas constitucionales más abortistas del mundo.

No existe el derecho al aborto, de hecho, ni siquiera en normas internacionales de derechos humanos -a las que tanto se apela en el mundo pro aborto- se ha reconocido como tal. Incluso, el Pacto de San José de Costa Rica dispone en su artículo 1 que “todo ser humano es persona y todo ser humano existe desde la concepción”. Cualquier aborto atenta contra la dignidad humana que es el fundamento de la igualdad de todas las personas.

La aprobación del aborto por causales en 2017 fue el primer gran retroceso en esta materia. No podemos permitir ningún otro repliegue en la garantía de los derechos humanos. Debemos avanzar en la efectiva protección de cada ser humano. Toda persona, por el solo hecho de serlo, merece respeto y, todo acto que atente contra su vida es completamente ilegítimo. Los niños que están por nacer y las madres embarazadas merecen especial protección y, la norma que hasta el momento integrará la nueva constitución, flexibiliza un criterio en donde no debería existir concesión alguna.

Afortunadamente, no es un texto vinculante y mucho menos sagrado. Desde la base del derecho a la vida se debe avanzar en una protección integral a la vida. Es un deber de los consejeros que creen en la dignidad de la persona impulsar con fuerza una norma en que se resguarde este derecho, se proteja especialmente a los más vulnerables y que no de espacio para interpretaciones ideológicas que atentan contra la dignidad de la persona.

Teresa Le Blanc, presidenta Fundación ChileSiempre.

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