En una entrevista televisiva de hace algunas semanas atrás, el director de Fonasa, Camilo Cid, explicó el contenido del proyecto recientemente presentado por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis de la salud que se gatillaría en caso de la quiebra del sistema asegurador privado.
En su conversación con la periodista, decide no contestar una pregunta, para hacerse cargo de un punto que le interesaba dejar en claro. Y dijo: “Déjeme terminar lo anterior, porque esta medida (la Modalidad de Cobertura Adicional) también queda disponible para los que están en Fonasa”. Y agrega que aquella es “la posibilidad de mejorar el acceso a las personas que tienen esta visión aspiracional (…), que están en Fonasa y que desean estar en Isapre”.
Después de varios días de emitidas estas desafortunadas declaraciones, era de esperar que se hubiera realizado una corrección de estos durísimos términos en los que el máximo representante del ente estatal se refirió a los usuarios del sistema que dirige, pero no sucedió. Probablemente, porque refleja lo que verdaderamente piensa el sector político que representa: que las motivaciones de las personas a elegir el sistema privado son meramente superfluas, vanas, nimias. Simplemente para alcanzar cierto estatus. Bajo ninguna circunstancia pueden ser reflejo de una necesidad, secundaria a problemas reales que las aquejen.
En contraste, los 2,2 millones de pacientes en listas de espera para atenderse por un especialista o los 300 mil que demoran un año y medio –en promedio– para operarse, de seguro podrán relatar, a cualquiera que quiera escucharlos, las verdaderas razones por las que estarían dispuestos a cambiarse, en cuanto pudieran, a un sistema que no los siga maltratando con una eterna espera.
Una perspectiva similar a la de Cid, la expresó Óscar Landerretche, director de la Maestría en Políticas Públicas de la U. de Chile, en una columna publicada en la última edición de PulsoDomingo. Ahí sostuvo: “…en el mundo real, siempre van a existir personas que legítimamente valoran esa experiencia de usuario de la salud privada”, como si el drama de esperar por más de 12 horas una atención de urgencia en el sistema estatal no existiera y optar por la solución privada sólo fuera una vivencia gratificante por la “experiencia de usuario”.
En cualquier caso, este tipo de declaraciones no son nuevas. Ya en 2014, el entonces Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, sostuvo: “Más allá de la aparente conciencia ciudadana que está en las marchas de los estudiantes, no siento que el país tenga plena conciencia (…). Las familias son seducidas por ofertas de colegios inglés que sólo tienen el nombre en inglés y que le ofrecen al niño que posiblemente el color promedio del pelo va a ser un poquito más claro”.
Estos dos ejemplos permiten ilustrar una nítida visión del mundo. Aquella que desprecia la libertad de las personas y que supone que el Estado puede tomar mejores decisiones que ellas. Quizás aquí radica una diferencia fundamental entre las políticas que quiere llevar adelante este gobierno y lo que la inmensa mayoría del pueblo anhela: lo que más le importa a las personas es que la salud sea oportuna y la educación sea de calidad, lo que más le importa a la izquierda es que sean estatales. Si llegan tarde, mal o nunca, es un detalle.