El Consejo para la Transparencia ofició a entidades públicas y a privados involucrados en la solicitud de acceso a información a través de la que se pidió el expediente de la investigación que derivó en sanciones a ejecutivos de Farmacias Ahumada (FASA).
Se estableció que se trata de información que “es y debe ser pública” al tratarse de fundamentos de decisiones administrativas, y al no acreditarse la afectación de la vida privada de terceros, causal de reserva a la que aludió uno de los involucrados para oponerse a su entrega.
Tras 10 años del estallido del caso de “colusión de las farmacias” -por alzas fraudulentas de precios de medicamentos en tres de las principales farmacéuticas de Chile-, el Consejo para la Transparencia decidió que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) debe levantar el secreto del expediente administrativo que terminó en sanciones a los directores de Farmacias Ahumada (FASA).
Esto tras la negativa del CMF a entregar información consistente en declaraciones efectuadas en el marco de la investigación que llevó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), requeridos vía Ley de Transparencia en junio de 2018, aludiendo al carácter “reservado” del expediente por la propia FNE, entidad que proporcionó anteriormente antecedentes y tras oposición de dos de los sujetos privados que son parte interesada en el caso.
Uno de ellos, manifestó mediante presentación formal, que la divulgación del expediente afectaría su privacidad, precisando que las declaraciones que realizó serían reservadas y que se enmarcaban en el proceso impulsado por la FNE, criterio que fue recogido por la Fiscalía.
Ante esta situación, el solicitante de la copia del expediente del caso FASA, presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia (identificado con el rol C3154-18), que fue acogido totalmente, obligando a la entrega de todos los antecedentes, incluyendo los testimonios de funcionarios y ejecutivos. Lo anterior basándose en que la finalidad de la información solicitada fue establecer la responsabilidad de los involucrados, y que estos fueron finalmente sancionados.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, comentó que “existen casos anteriores fallados en Tribunales, revisados por el CPLT, en los que se estableció que antecedentes que permiten establecer sanciones por conductas que van en contra de la ley son y deben ser públicos. Va contra el sentido común el que se exija al Estado mantener reserva de información que fue usada para justificar una decisión administrativa de una entidad o autoridad del aparato público”.
La determinación del CPLT se sustentó también en el hecho de ocurrió un levantamiento del secreto del expediente por parte de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en 2011, actual CMF –oportunidad en que entregó la información a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)-. Asimismo aludió a un fallo anterior de Tribunales de Justicia y a la imposibilidad del sujeto privado que se opuso a la difusión del expediente de demostrar afectación a su vida privada.
Farmacias Ahumada fue la primera de las cadenas involucradas en este caso que, tras iniciarse una investigación penal en 2009, alcanzó un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), entidad que había interpuesto una demanda en contra de FASA, Cruz Verde y Salcobrand. La multa fue de US$1 millón para Farmacias Ahumada.