El Poder Judicial informó que el proceso de restauración y reparación de tribunales dañados en medio del estallido tendrá un costo de $3 mil millones, cuyos trabajos tendrán una duración de a lo menos 2 años.
A través de la Corporación Administrativa, se informó que durante el período correspondiente entre el lunes 21 de octubre al martes 10 de diciembre (50 días), se registraron un total de 97 tribunales con diferentes tipos de daño provocados por las manifestaciones sociales.
La institución indicó que los tribunales más afectados fueron el Juzgado de Letras de Colina, que fue incendiado en un 80% de su estructura y cuyos jueces y funcionarios tuvieron que ser trasladados a nuevas dependencias facilitadas por la municipalidad local; el Palacio de Justicia de Concepción, donde funciona la Corte de Apelaciones y los tribunales civiles, familia y laboral de esa ciudad y que se encuentra ubicado en la Plaza de la Independencia la que ha concentrado diferentes marchas, manifestaciones y enfrentamientos y el Centro de Justicia de Puente Alto, que alberga los Juzgados de Familia, Juzgados de Letras del Trabajo y Juzgados Civiles de dicha comuna, fue atacado y apedreado en varias oportunidades por manifestantes.
Dentro del listado están también el Juzgado de Letras y Garantía de Caldera, que fue atacado por un grupo de personas que ocasionó diversos daños en sus accesos, vidrios, caseta de guardias, puertas y artefactos como televisores ubicados en su interior.
El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, indicó que estos daños a los tribunales e instalaciones judiciales fueron generados principalmente por apedreos, lo que ocasionó daños en sus fachadas, rompimiento de vidrios y mamparas y rejas perimetrales, además de rayados exteriores.
“Esta situación nos obligó a reforzar la seguridad de las instalaciones y a tomar las medidas de seguridad que permitieran mantener la continuidad del servicio otorgado, dar la protección necesaria a los intervinientes en las distintas causas, proteger y resguardar la seguridad de las personas que acuden y trabajan en estas instalaciones y velar por las instalaciones físicas e inversiones asociadas para el funcionamiento de los tribunales”, comentó.
Agregó además que “la situación de los tribunales ha ocasionado problemas en el traslado e impacto emociona para el personal de los tribunales más afectados, lo que llevo al Poder Judicial a otorgar flexibilidad laboral, promover el teletrabajo y entregar apoyo y contención a las personas que podrían hacerse visto afectadas”.
Se estima que el presupuesto podría alcanzar los $5.000 millones o ser incorporado a la construcción de un nuevo centro de justicia en Colina, lo que requerirá de una inversión mayor de $21.000 millones, dependiendo del tipo de construcción, tiempos y competencias que se incorporen.
Asimismo, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial instruyó a los administradores zonales del país entregar todos los antecedentes disponibles sobre estos hechos al Ministerio Público para realizar las denuncias respectivas tendientes a esclarecer las responsabilidades en los daños al patrimonio y arquitectura del Poder Judicial, como asimismo informar al Consejo de Defensa del Estado de estos hechos.
Aton Chile