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Economía

Comisión de Economía del Senado oficiará a Hacienda para que se dé certeza jurídica en industria de casinos

Por Gloria Tapia |
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Crédito: Agencia Uno

La Superintendencia de Casinos de Juego fue cuestionada en la Comisión de Economía del Senado por la forma como está llevando el proceso de otorgamiento de los permisos de operación 2020. A esa instancia concurrió la autoridad, junto con diversos representantes de los casinos, para analizar la situación actual del sector.

Los miembros de la Comisión de Economía del Senado coincidieron en que no se está respetando la certeza jurídica, por lo cual oficiarán al Ministerio de Hacienda con el fin de resguardarla.

La senadora Ximena Rincón quien, siendo ministra de la Segpres, tramitó la ley que rige actualmente al sector (Ley 20.856), explicó que dicho cuerpo legal mantuvo el derecho preferente de renovación en su forma, para ser coherente con las inversiones realizadas y la ley original, que invitó a los privados a invertir en el sector.

Rincón argumentó en base al inciso quinto del artículo 3º transitorio de la Ley 19.995, introducido por la ley 20.856 de 2015, que señala literalmente que “los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.

Al respecto, señaló: “Yo fui una de las que mandató la Presidenta (Bachelet) a resolver el tema de los casinos municipales y por eso se dictó esta ley y por eso se consignó este artículo en particular, porque había operadores que habían participado en procesos y si íbamos a cambiar los criterios había que respetarles sus derechos”.

La ex ministra se mostró preocupada debido a que considera que “de verdad aquí estamos afectando la certeza jurídica, lo que pone en riesgo sobre todo no sólo el emprendimiento y desarrollo local, sino que la fuente de trabajo”.

Por su parte, el senador Felipe Harboe argumentó que, “cuando se han hecho inversiones con un marco regulatorio determinado y, al corto andar, y resalto esto, se establecen cambios de criterios o modificaciones, evidentemente eso genera un desincentivo a las inversiones y, lo que es más delicado, pone en riesgo la imagen país para las inversiones extranjeras”.

Por ello, “como comisión deberíamos hacerle presente al señor ministro de Hacienda la necesidad de establecer certeza jurídica para los efectos de garantizar las inversiones”, indicó.

Coincidió con ellos el presidente de la comisión, Álvaro Elizalde. “Comparto plenamente el planteamiento de la certeza jurídica, porque además es lo que permite que se realicen inversiones de largo plazo y por eso es fundamental no cambiar las reglas del juego, salvo excepciones”, aseguró.

Al respecto, el director de Boldt Peralada, Ricardo Abdala, señaló en su intervención representando a la Asociación Chilena de Casinos de Juego que “nuestra preocupación fundamental y lo que queremos advertir radica en un intento del regulador de no respetar las reglas del juego con las que fuimos invitados a participar en el desarrollo e inversión de esta industria, en materia de renovación de los permisos de operación”.

Al final de la sesión se acordó oficiar al Ministerio de Hacienda por dos materias. Primero, por “la necesidad de establecer certeza jurídica para los efectos de garantizar las inversiones”, como expresó el senador Elizalde, “y segundo, no permitir que el sector financiero excluya a un sector de le economía del país que tiene una importancia directa en materia de empleo, particularmente en regiones, de las alternativas de financiamiento, máxime si estas son con garantía del Estado”.

Tras la sesión, el gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, Rodrigo Guiñez, valoró que todos los miembros de la Comisión de Economía, por unanimidad, hayan acordado enviar un oficio al Ministerio de Hacienda para que se respeten las reglas del juego. “La ley es absolutamente clara y no da espacios para ninguna interpretación, por lo que apreciamos los dichos de los senadores Rincón y Harboe en el sentido de garantizar la certeza jurídica para este sector”, concluyó.

 

 


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