Este domingo se vio gran cantidad de personas en el Aeropuerto de Santiago, previo al cierre de fronteras.
Según explicó Branko Karlezi, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel a “La Mañana Interactiva” de Agricultura esto se debió al adelanto de dos vuelos internacionales, pero el ritmo de la terminal ya bajó.
“Ya volvimos a la normalidad, pero hoy día sí se nota una diferencia importante al año pasado, porque recordemos que con el cierre de fronteras el año pasado sí podían salir chilenos, ahora no pueden salir ni entrar”, explicó.
“Estamos en el desierto de Atacama, de alguna forma, hoy día el Aeropuerto de Santiago, que se mantiene funcionando, porque tenemos que mantener costos fijos, en fin”, dijo.
“La quiebra es inminente”
Otro tema que abordó Karlezi es la controversia que mantiene el aeropuerto con el Ministerio de Obras Públicas, y que ha llevado a los concesionarios acudir a un panel técnico y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) .
“La quiebra es inminente”, aseguró, debido a la baja en las operaciones e ingresos durante la pandemia.
“Lo que nosotros estamos diciendo es que el contrato de concesiones es bastante claro. Cuando hay hechos sobrevinientes, es decir, hechos que no están en el contrato, por ejemplo en una pandemia -porque en el caso de terremoto, tsunami, incluso el estallido social de octubre- son deberes y responsabilidades que están dentro del contrato y el concesionario se hacer cargo“, indicó.
“Pero cuando no hay hechos sobrevinientes que no están en el contrato, entonces la ley de concesiones que el director general de Obras Públicas no solamente tiene, sino que tiene la protestad de sentarse a modificar los contratos tal como se hizo para la autopista en el 2012“, señaló.
En ese contexto, sostuvo que en otros 65 aeropuertos del resto del mundo “se han encontrado soluciones no judicializadas, porque se entiende que la pandemia es un hecho sobreviniente”.
La solución “más económica”
“Lo que estamos pidiendo realmente es conversar, pero también les hemos ofrecidos soluciones más económicas“, aseguró Karlezi, en representación de Groupe ADP (45%), VINCI Airports (40%) y Astaldi Concessioni (15%).
Esa solución “más económica” es “operar el aeropuerto sin costo, cero”, tanto para el Estado como el concesionario.
“Cuando esto se termine, nosotros podemos extender el tiempo que tuvimos ese tiempo que no pudimos operar”, indicó. “Extender la concesión el mismo tiempo que no se pudo operar”.
“Con esta inversión 60 millones de dólares y sin ingresos por supuesto que una empresa no puede seguir operando y va a llegar a la quiebra para el 2022“, afirmó.
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