Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), en el marco de la ley corta de pensiones presentada por el Ejecutivo, manifestó su preocupación con la propuesta de generar gravámenes tributarios al sector servicios, como una forma de financiar el primer paso para una pensión universal.
Rivas aseguró que siempre estarán disponibles para todos los proyectos que vayan en beneficio y apoyo de las pensiones de todos los chilenos y chilenas, “pero en específico esta ley corta, que el Ejecutivo está enviando, va por el camino incorrecto desde el punto de vista del emprendimiento y del fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al ecosistema emprendedor. Como Asech estamos en contra de este nuevo impuesto que afectará a muchos emprendedores que se encuentran en una situación muy desmejorada”, acotó Rivas.
Para el gremio hay tres puntos relevantes a considerar y que son perjudiciales para las pymes y mypes de Chile. Primero, señaló Rivas, “es necesario poner en contexto que agregar un gravamen de IVA al sector servicios, uno de los más golpeados por la crisis económica producto de la pandemia, desde nuestra perspectiva, es una contradicción inexcusable cuando queremos la recuperación económica de esos sectores y “fortalecer los segmentos de mipymes de nuestra economía”. Y agregó “es una política discriminadora para los prestadores de servicio, ya que ellos proveen un servicio que se desarrolla en base a su capacidad intelectual, el que no puede ser afectado con IVA y, por ende, no posee IVA crédito en el proceso productivo”.
Un segundo tema a considerar es que “las empresas de servicios no cuentan con una estructura tributaria que pueda mitigar los efectos del pago de IVA del mismo modo que aquellas dedicadas al comercio de tangibles. Muchas de ellas no podrían recuperar lo pagado. Y que pasará finalmente, que terminarán los proveedores pequeños financiando el flujo del pago de impuesto. Y por otro lado, aumentarán los costos para personas naturales debido a la afectación del IVA en el cobro del servicio. Es más, las pymes serán menos competitivas en comparación con las grandes empresas porque el 19% más de IVA solo puede ser incorporado en precio por un proveedor más grande”, explicó el dirigente gremial.
Y en esa línea, el tercer reparo a destacar según palabras de Rivas, dice relación con la Ley de Pago a 30 días, que en la práctica y en términos estrictos, no se respeta (en promedio se hace efectiva a los 59 días). “La ley de Pago a 30 días no está funcionando como debiera a 30 días, algo que ya es complejo para el mundo emprendedor. Si a eso le sumamos ahora un impuesto que tendrá que ser financiado con capital de trabajo del emprendedor (prestador de servicios), de la pyme, y que será recuperado en 60 días más, nos da como resultado una fórmula simple: seguimos financiando el capital de las grandes empresas, sumando ahora a los pequeños prestadores de servicios en la cadena”.
“Estimamos que el Gobierno debiera considerar en su análisis de impacto económico de recaudación, el origen por tamaño de industrias afectadas con la eliminación de franquicias, y proponer en dicho análisis a una sana afectación de las grandes industrias y no del mundo pyme en donde claramente se concentran los prestadores de servicios afectados con esta propuesta de afectación de IVA”, finalizó el representante del gremio.
Finalmente, para la Asech, estas medidas no hacen más que desincentivar la formalización, algo que el mismo Gobierno ha estado trabajando junto a los distintos gremios.