“Discriminar a comunidades indígenas por lo que hace uno de sus miembros no está contemplado en la ley”, señala el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, de quien depende la Conadi.
Ocupaciones, incendios, abigeato, homicidios y enfrentamientos recurrentes con carabineros y agricultores no han sido impedimento para que comunidades mapuches con integrantes con un amplio historial de delitos accedan a tierras adquiridas por el Estado.
“El Mercurio” revisó los catastros oficiales de compras de tierras desde 1994 hasta 2015 y constató cómo en este período al menos 17 de las comunidades con integrantes condenados o imputados por participar en delitos -desde tomas de caminos hasta homicidios- han sido favorecidas con predios por un total de 12.574 hectáreas, lo que ha significado para el fisco un desembolso de $46.695 millones, más de US$ 70 millones (En la infografía, están destacados los principales casos en que se han desembolsado cerca de $35 mil millones).
Pese a este desembolso de dinero, las ocupaciones de terrenos privados no desaparecen de las zonas más conflictivas y, muchas veces, integrantes de las mismas comunidades beneficiadas con grandes predios perseveran en el recurso de la ocupación de propiedades pertenecientes tanto a grandes forestales como a pequeños parceleros.
Prueba de ello es que dos de los imputados por el caso Luchsinger-Mackay son integrantes de la comunidad Juan Catrilaf II, la que ha recibido grandes extensiones de terreno. Se trata de Luis Sergio Tralcal Quidel y Sergio Catrilaf. A estos comuneros se suman otros nombres de esta comunidad con participación en delitos: Mauricio Huaiquilao, Pablo Canío Tralcal, Pedro Cheuque y Daniel Canío Tralcal, indica un informe del abogado de la Multigremial de La Araucanía, Juan Pablo Lepín.
Entre 2008 y 2011, la Comunidad Juan Catrilaf II accedió a los Fundos el Aromo y Santa Margarita, entonces de propiedad de la familia Luchsinger. En total, esa organización ha recibido del Estado más de 600 hectáreas de suelo agrícola en la zona de Padre Las Casas, lo que ha supuesto un desembolso de más de $3 mil millones para el fisco.
Consultado sobre las posibilidades de que comunidades con integrantes involucrados en actos violentos sigan accediendo a predios, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza -de quien depende la Conadi-, señala que existe una confusión respecto a lo establecido en la glosa del Presupuesto 2016 que fijó el criterio de no priorizar la compra de tierras que hayan sido objeto de alguna perturbación: “Esta se refiere a predios, no a personas ni a comunidades. Por tanto, es erróneo decir que la prohibición recae sobre comunidades violentas o personas. Discriminar a una comunidad por lo que hace uno de sus miembros no está contemplado en la ley”, señala la autoridad.
“Dirigentes hacen públicamente un llamado al uso de la fuerza”
En Ercilla se ha presentado un fenómeno parecido, en que varias de las comunidades con miembros que han protagonizado hechos de violencia de alta connotación destacan entre las que tienen más tierras transferidas por el Estado. La comunidad Temucuicui, cuyos integrantes atentaron de manera recurrente contra los predios del agricultor René Urban, finalmente se hizo de 3.090 hectáreas, por las cuales el Estado pagó más de $3.658 millones. Este proceso se dio entre 1998 y 2014, tiempo en el cual la comunidad experimentó un proceso de subdivisión que dio lugar a las comunidades Ignacio Queipul, Ignacio Queipul II y Autónoma Temucuicui, todas con tierras compradas por el fisco. El agricultor René Urban abandonó la zona.
En paralelo al proceso de entrega de tierras, varios de los principales dirigentes de esas comunidades han sido imputados de delitos. Recién en 2012, la PDI detuvo a Marcelo Catrillanca Queipul, quien se encontraba prófugo desde el año 2004, tras haber sido imputado por el delito de incendio de un bosque en el Fundo Alaska. Otro tanto ocurrió con el werkén (vocero) de la comunidad, Mijael Carbone, quien se mantuvo en la clandestinidad durante 2012 luego que la justicia lo condenara a siete años de cárcel -en primera instancia- por homicidio frustrado. Posteriormente, la Corte Suprema anuló la condena y todo volvió a fojas cero.
“Los antecedentes nos permiten señalar que múltiples integrantes de este grupo están condenados por delitos de violencia rural y sus dirigentes hacen públicamente un llamado al uso de la fuerza como estrategia política”, indica una investigación realizada por Jazmín Zaror y Juan Pablo Lepín, para LyD.
Comunidades se dividen para volver a pedir tierras
La subdivisión de las comunidades originales es lo que ha permitido que la entrega de tierras por parte del Estado supere largamente el número de hectáreas que la población mapuche puede acreditar como propias a partir de los títulos de merced que el Estado les entregó entre los años 1884 y 1929.
Las 120 familias tradicionales de Temucuicui, por ejemplo, contaban en 1998 con títulos de merced que acreditan propiedad sobre 250 hectáreas en la comuna de Ercilla. Esa organización no había sufrido merma de tierras y, hasta ese momento, mantenía sus 250 hectáreas intactas. Pese a esto, la subdivisión en varias comunidades les permitió acceder entre 1998 y 2014 a prácticamente todos los terrenos que exigieron a través de ocupaciones recurrentes de los predios vecinos: Fundo Alaska, Santa Luisa, La Soledad, Santa Filomena, La Romana, Montenegro, Nilontraro, Hijuela de Arnold Ellicker, Sucesión Aurora Fuentes (ver infografía).
No es el único caso: en Chile existen más de 3.500 comunidades reconocidas por el Estado (ver recuadro). Sobre este punto, Marcos Barraza explica que la ley es la que determina los requisitos para constituir comunidades: “Si existen grupos de familias que invocan este derecho y cumplen los requisitos (diez miembros, por ejemplo), no será el Estado el que vaya a negarlos (…) Esperamos pronto determinar las comunidades que ya han usado el mecanismo de título de merced, lo que permitirá avanzar con otras comunidades que no han ejercido su derecho”, señala el secretario de Estado.
Barraza agrega que en este momento se están tramitando dos proyectos de ley que son relevantes en esta materia, como el Ministerio de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas. Esta nueva institucionalidad debería hacerse cargo de mejorar los actuales mecanismos para constituir comunidades y acceder a tierras.
El caso de las treinta toneladas de trigo
Otro caso en que la participación en hechos de violencia no ha sido impedimento para acceder a tierras lo representa la Comunidad Tricauco, también en Ercilla. En 2005, uno de sus integrantes, Juan Carlos Huenulao, fue condenado a diez años de cárcel por el delito de incendio, perpetrado en el fundo Poluco Pidenco, de Forestal Mininco (CMPC). Por el mismo caso, fueron condenados Benicio Huenchullao, Patricia Troncoso (conocida como la Chepa), Juan Ciriaco Millacheo, Florencio Marileo y Juan Marileo.
Pese a esto, entre 2008 y 2014 esta comunidad recibió 634 hectáreas, por las que el Estado pagó a privados más de $2 mil millones.
La comunidad Huañaco Millao es otra de las organizaciones que han recibido importantes extensiones de terreno. Entre 2003 y 2012, se hizo de más de mil hectáreas, lo que supuso un desembolso fiscal de más de $2.500 millones. Y pese a que varios de sus integrantes se han visto envueltos en casos de delincuencia, hay elementos para suponer que seguirán accediendo a beneficios. Uno de ellos es que el 2 de marzo de 2015 la Conadi le entregó aplicabilidad -el derecho a demandar terrenos- a todas sus subdivisiones: Huañaco Millao Autónoma; Huañaco Millao II; Huañaco Millao Juan Liguen.
Uno de sus líderes, Claudio Huentecol, protagonizó un confuso incidente a principios de 2015. El comunero fue arrestado y formalizado por el robo de un vehículo con 30 toneladas de trigo de propiedad del agricultor José Astudillo. Después de dos meses de prisión preventiva, la Corte Suprema lo dejó en libertad. La defensa de Huentecol argumentó desde el principio del caso que la entrega de la carga y el vehículo no se efectuó bajo amenazas, sino que correspondió a un acuerdo entre las partes.
Incluso la mayor compra efectuada hasta ahora por la Conadi está atravesada por hechos de violencia: el 18 de noviembre de 2012, integrantes de la Comunidad Fermín Manquilef, de Freire, ocuparon las dependencias donde se construía el nuevo aeropuerto de La Araucanía, situación que se repitió el 21 de julio de 2014. El 4 de marzo de ese año, además, ocuparon el fundo Rukahue. ¿Qué ocurrió? En 2015, la Conadi les compra el fundo Santa Teresa de 1.259 hectáreas -de propiedad del empresario Carlos Heller- en $11 mil millones. Es el mayor precio pagado por la Conadi como parte de la política de adquisición y entrega de tierras para comunidades indígenas.
Pequeños parceleros también han entregado sus terrenos
La comunidad Los Lolocos, de Ercilla, es otra de las organizaciones que entre 2011 y 2014 se han visto beneficiadas con el traspaso de tierras. En este caso, no se trata de grandes predios, sino de 27 lotes y parcelas de agricultores que, en algunos casos, eran pequeños y medianos campesinos que accedieron a esos terrenos en los años sesenta y setenta durante el proceso de reforma agraria. En total, la comunidad Los Lococos ha recibido 673,84 hectáreas, por las que el Estado ha pagado más de $2.500 millones.
En este caso se presenta la misma tónica que en otras comunidades que han accedido a grandes extensiones de territorio: participación en ocupaciones. Tras un ataque registrado en 2011 -incendio y daños a maquinaria- en el sector de Chiguaihue, la justicia condenó a cinco años de cárcel a los comuneros Cristián Levinao Melinao y Rodrigo Melinao Licán. Este último murió de un disparo en 2013 mientras se encontraba prófugo.
En 2015, además, se les concedió aplicabilidad -derecho a tierras- a otras cuatro comunidades con integrantes involucrados en actos violentos: Juan Antinao; Loncomahuida Alto; Antonio Milla y José Quilaleo II de Nilpe, según el informe de Lepín.
En esta última comunidad ocurrió el enfrentamiento entre trabajadores y ocupantes del predio en que murió atropellado el comunero José Quintriqueo Huaiquimil. Por este hecho, fue condenado a cinco años de cárcel el tractorista José Cañete, del fundo Nilpe. A los meses, se le entregó derecho a tierras (aplicabilidad) a esta comunidad.
¿Por qué se le entrega aplicabilidad a comunidades con integrantes vinculados a delitos? “Respecto a los antecedentes penales de los integrantes de una comunidad, la Conadi solo tiene facultades para realizar estudios de aplicabilidad de la compra de tierra. El beneficio se le entrega a una persona jurídica y no a una persona natural, y los integrantes de una comunidad solo representan a un núcleo familiar. Y, finalmente, sobre los beneficios ya entregados antes de 2015, no existían antecedentes que limitaran su entrega, además contaron con la toma de razón de la Contraloría General de la República, órgano independiente que resguarda la legalidad de los actos administrativos de compra de tierras”, indica Barraza.
Para el secretario general de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), Andreas Köbric, es muy importante que la indicación que impide entregar predios que han sido violentados se mantenga cuando se discuta el presupuesto de la Conadi para 2017. Pero, además, cree que es importante que las autoridades acoten la interpretación de lo que es un terreno en conflicto.
Las comunidades indígenas tienen derecho a acceder a tierras en conflicto a través del Artículo 20 b de la Ley Nacional de Desarrollo Indígena. Para ello, las respectivas comunidades deben demostrar que sufrieron una merma de sus terrenos históricos, lo que se acredita a través de los títulos de merced que el Estado entregó entre 1884 y 1929.
Sin embargo, existen antecedentes de que el Estado ha transferido superficies de terreno que superan lo que dicen esos títulos de merced. Un informe de la Multigremial de La Araucanía realizado sobre la base de las conclusiones de la comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presentadas en 2008, da cuenta que de los 2.325 títulos de merced existentes en La Araucanía, solo en 413 casos se acreditó que las comunidades habían sufrido un detrimento parcial o total de la extensión de sus terrenos originales. En total, se trataba de 26.459 hectáreas que las comunidades de esa región podían reivindicar como propias a partir de los títulos de merced. Sin embargo, en la práctica el Estado ya les había transferido en ese momento 80.625 hectáreas, el equivalente a tres veces lo que acreditan los títulos de merced.
Köbric considera necesario acotar el conflicto a las mermas de terrenos que las comunidades puedan acreditar a través de sus títulos de merced y no aplicar una interpretación amplia, en que cualquier expresión de diferencias entre privados y comunidades mapuches respecto a la propiedad de un terreno genere un derecho.
EL ESTADO ha transferido superficies de terreno que superan largamente lo que dicen los títulos de merced, que son los documentos con que las comunidades acreditan la propiedad de sus tierras.
12.470 BENEFICIARIOS de la Conadi no tienen ningún apellido indígena, pero practican formas de vida, costumbres o religiones de alguna de las nueve etnias reconocidas por el Estado. Con eso, también pueden acceder a beneficios.
En veinte años, se pasó de 692 a 3.585 comunidades
Entre 1994 y 2014, el número de comunidades reconocidas por el Estado pasó de 692 a 3.585 organizaciones. Es decir, desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Indígena se han creado en promedio 179 comunidades al año, según un estudio de la Fundación Aitué, creada bajo el alero de CorpAraucanía, que es una organización integrada por gremios empresariales, universidades, sindicatos e instituciones públicas relacionadas con el fomento de inversiones y emprendimiento en esta región.
Las personas pertenecientes a pueblos originarios pueden acceder a tierras a través de dos mecanismos: subsidios familiares o terrenos de propiedad colectiva, que es el caso de los predios que se transfieren a las comunidades. Para constituir una comunidad, solo se requieren diez integrantes.
La ley reconoce la calidad de beneficiarios de Conadi a las personas que son hijos de padres indígenas; a los que tienen un apellido indígena, a los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia, como la religión o el dialecto, y a los que puedan acreditar ascendencia indígena por hasta tres generaciones. Por último, la normativa también reconoce derechos a las personas que tengan un cónyuge indígena. Esto ha permitido que personas sin apellidos relacionados a un pueblo originario accedan a los beneficios que el Estado dispone para estos grupos.
De hecho, esa investigación demostró que 12.470 beneficiarios de la Conadi no tienen ningún apellido indígena, pero practican formas de vida, costumbres o religiones de alguna de las nueve etnias reconocidas por el Estado.
Fuente: El Mercurio