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Reforma al Código de Aguas pasa a Comisión Mixta luego de intenso debate

Doris Mora
Reforma al Código de Aguas pasa a Comisión Mixta luego de intenso debate Crédito: Reforma Codigo De Aguas

Un intenso debate se desarrolló ayer, a través de dos sesiones, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en torno a la reforma al Código de Aguas. La iniciativa volvió a la Corporación tras estar casi cinco años en el Senado y terminó por ser enviada a una comisión mixta para dirimir las diferencias entre ambas instituciones.

Abrió el debate el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien calificó la propuesta como de la mayor importancia, según informó el portal Simfruit.

Ello, considerando la situación de estrechez hídrica que afecta a Chile desde Atacama hasta la región del Biobío. El hecho, según acotó, impacta al 80% de la población y al 75% de la actividad económica.

Valoró que la iniciativa entregue nuevas facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) y se reconozcan principios como el privilegiar el consumo humano y el cuidado del caudal ecológico.

Asimismo, resaltó que, de las 130 modificaciones realizadas por el Senado, solo un grupo menor serían parte de las controversias.

Opiniones 

Para Ramón Barros (UDI), la reforma mejora aspectos como el asegurar el abastecimiento humano y sanitario. De igual modo, fomenta el desarrollo productivo y otorga mayor estabilidad. Destacó aspectos como que se puedan establecer caducidades por derechos no usados y planteó su preocupación por los pequeños agricultores, para quienes pidió apoyo al Ejecutivo para el trámite del registro de sus derechos.

Frank Sauerbaum (RN) también reconoció el avance que significa el texto legal. Observó que un tema de larga discusión en Agricultura fue dar certeza jurídica a las inversiones de los agricultores. Además, coincidió con la preocupación por los pequeños productores, punto que volvió a ser tocado luego por el diputado Luis Pardo (RN). “Hago un llamado para acompañar con asesoría a los pequeños agricultores para regularizar sus títulos en los plazos de la ley”, acotó.

Finalmente, el PREP Ignacio Urrutia remarcó que, si bien el proyecto lleva diez años de trámite, no es una ley fácil de abordar. Estimó que, en general, las modificaciones del Senado son adecuadas. La excepción estaría en el plazo para la inscripción de los derechos de aprovechamiento para los que no los tienen inscritos (cinco años).

Gabriel Ascencio (DC) destacó el texto que en noviembre de 2016 despachara la Cámara. En tal plano, pidió rechazar algunos cambios del Senado que significan un retroceso. En dicha línea, citó una norma que permite una prórroga automática de los derechos de agua. Igualmente, se mostró contrario a ampliar de tres a diez años las solicitudes de prórroga anticipada.

Cristina Girardi (PPD), en tanto, criticó algunas de las enmiendas del Senado, como la relativa a las “aguas reservadas”. De igual forma, refutó el tema de las prórrogas automáticas, la flexibilización de trámites y que las “aguas halladas” no deban pasar por una solicitud de derecho de aprovechamiento.

Por su parte, Leonardo Soto (PS) planteó que el cambio que se promueve es histórico y respaldó priorizar el consumo humano y entregar mayores facultades a la DGA para la fiscalización. Además, destacó que se avance en terminar con la especulación.

Diego Ibáñez (PCS) recordó que muchos de los parlamentarios presentes no estuvieron cuando se tramitó en la Cámara. Observó que la propuesta es parte de las demandas de muchas movilizaciones sociales que pedían cambiar el modelo de gestión. Además, estimó que la reforma no es un cambio estructural, pero sí un avance, aunque llamó a efectuar nuevos acuerdos en una comisión mixta. Asimismo, dijo que era pertinente abordar el tema de los derechos constituidos.

En una línea similar, Daniel Núñez (PC) sostuvo que es fundamental que los derechos ya entregados no sean indefinidos, sino que sean provisorios, como los que se vayan a entregar ahora. Adicionalmente, se expresó contrario a relativizar algunas normas. En este ámbito mencionó temas como “el agua del minero”, la reserva de aguas y las zonas de prohibición para que se reconstituyan los acuíferos.

Alejandra Sepúlveda (FRVS) afirmó que era fundamental para ellos consagrar el derecho al consumo humano del agua. De igual modo, proteger la pequeña agricultura familiar campesina, sobre todo, porque se relaciona con la seguridad alimentaria. Además, defender el tema del caudal ecológico y entregar más herramientas de fiscalización a la DGA. Pero lamentó que nunca se hablara de la distribución del agua.

Félix González (PEV) señaló que la crisis climática nos impone cambios drásticos y rápidos. Además, alertó que hay una crisis hídrica y alimentaria ya desatada, por lo que es necesario contar con eficiencia e inteligencia en la distribución del agua. Así, estimó que eso no se logra en este proyecto. “Lo que necesitamos es que la nueva Constitución lo declare un derecho de los seres vivos y que pueda ser de acceso para todas las personas”, concluyó.

Para Marcela Sandoval (RD), en Chile se instaló una perspectiva mercantil del agua y su aprovechamiento. Observó que aún existen numerosos ciudadanos en sus comunas donde no tienen agua potable para cumplir con unas de las medidas básicas para prevención del Covid-19.

En tanto, Alexis Sepúlveda (PR) reconoció que estamos en una situación compleja como país para abordar esta crisis climática. Se suma a ello que es un recurso, hasta hoy, que puede ser transable y exigir propiedad sobre el mismo. Por ello, planteó la necesidad de buscar soluciones desde el sistema de evaluación de proyectos individuales y no colectivos.

Además de los mencionados intervinieron las y los diputados PS Luis Rocafull, Daniella Cicardini y Jaime Naranjo; DC Matías Walker y Jorge Sabag; PPD Carolina Marzán, Ricardo Celis y Andrea Parra; PR Marcela Hernando y José Pérez; PC Amaro Labra y Rubén Moraga; FRVS Jaime Mulet; independientes Marcelo Díaz y Fernando Meza; RN Diego Schalper; y UDI Juan Antonio Coloma.

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