La moción que fue rechazada, por 9 votos a favor y 4 en contra, busca impedir la fabricación y venta de dulces, golosinas, juguetes o cualquier otro artículo que tenga forma de pipa, cigarrillo u otro producto de tabaco. Además, establece la eliminación de los aditivos saborizantes como mentol, cacao u otros que resultan adictivos y la obligatoriedad de que las colillas sean biodegradables.
La Comisión de Agricultura no dio su visto bueno al proyecto que busca adecuar la legislación nacional vigente al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, para el control del tabaco (boletín 8886).
La propuesta ingresó como moción en abril de 2013, en el Senado, lográndose aprobar en julio de 2015. Una vez recibido por la Cámara, se radicó en la Comisión de Salud, donde logró aprobarse en general, en octubre de 2018. Sin embargo, no tuvo igual acogida en Agricultura donde, hoy, se rechazó su articulado, despachándose en tal forma a la Sala.
En términos generales, el texto considera incorporar medidas relacionadas con la publicidad y comercialización en el territorio nacional de productos de tabaco. También aborda la protección de los menores de edad y la responsabilidad de las compañías tabacaleras por perjuicios causados por el consumo de este producto.
Asimismo, plantea que todo envase de productos de tabaco destinados a su distribución dentro del territorio nacional cuente con advertencias de los daños, enfermedades o efectos que para la salud de las personas implica su consumo o la exposición al humo del tabaco. Ante ello, establece que deberán ocupar el 85% de la superficie de las caras principales del envase y el 100% de una de las restantes.
Reacciones
El diputado Jorge Sabag (DC) señaló que esta legislación es muy restrictiva, perjudicando gravemente la producción de tabaco por parte de pequeños agricultores. “La intensidad de la legislación actual me parece que está bien; llevarla más allá, me parece que va a generar más perjuicios que beneficios”, planteó.
Asimismo, el diputado Frank Sauerbaum (RN) indicó que fomenta el exterminio de un sector productivo de nuestra agricultura. “Me asombra que se diga que si queremos sacarlo del mercado debemos reconvertir a los agricultores. Estamos hablando de gente mayor que no tiene financiamiento ni capacitación”, añadió.
Agregó, que este proyecto ataca al sector nacional, proponiendo que no se pueda mezclar con aditivos que es, justamente, el tipo de tabaco que se produce en Chile.
De la misma forma, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) observó que se ha tratado, muchas veces, de realizar reconversión. “Lamentablemente, se ha tenido cero acompañamiento del Estado (…). Nos hubiese gustado tener algo más robusto de cómo hacer prevención”, evaluó.
Invitados
Antes de la votación, se conoció la postura de diferentes entidades y organizaciones que están vinculadas con el sector tabacalero.
En primer lugar, expuso Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. Informó que un estudio realizado arrojó que el tabaco genera un ingreso muy superior al promedio de las alternativas posibles. De tal forma, estiman en un 40 % las pérdidas en los ingresos de los agricultores que deban emigrar a otros cultivos.
Ante ello, señaló que habría que, necesariamente, acompañarlos con un programa de reconversión. “Eso conlleva a una asistencia técnica y de financiamiento. Esto, deberá ser realizado, por lo menos, cinco años para que sea viable”, agregó.
Por su parte, el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, alertó sobre la relevancia que tiene para la economía de su comuna la presencia de British American Tobacco Chile.
Sostuvo que genera un encadenamiento productivo importante en la prestación de servicios por parte de proveedores. Además, dijo que la ubicación en que se emplaza la compañía ha permitido revitalizar dicho sector. “Se está generando un pueblo industrial importante que beneficia a la comuna y a su entorno”, puntualizó.
Finalmente, Bernardita Silva, ejecutiva de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo CNC, señaló que su preocupación está centrada en las consecuencias de una sobre regulación de la industria. Ello provocaría, a su juicio, una competencia injusta para el comercio formal y un aumento exponencial del contrabando de cigarrillos, uno de los productos que utiliza el crimen organizado para financiarse.
El informe de la Comisión lo rendirá ante la Sala el diputado Ignacio Urrutia (PREP).
La propuesta ingresó como moción en abril de 2013, en el Senado, lográndose aprobar en julio de 2015. Una vez recibido por la Cámara, se radicó en la Comisión de Salud, donde logró aprobarse en general, en octubre de 2018. Sin embargo, no tuvo igual acogida en Agricultura donde, hoy, se rechazó su articulado, despachándose en tal forma a la Sala.
En términos generales, el texto considera incorporar medidas relacionadas con la publicidad y comercialización en el territorio nacional de productos de tabaco. También aborda la protección de los menores de edad y la responsabilidad de las compañías tabacaleras por perjuicios causados por el consumo de este producto.
Asimismo, plantea que todo envase de productos de tabaco destinados a su distribución dentro del territorio nacional cuente con advertencias de los daños, enfermedades o efectos que para la salud de las personas implica su consumo o la exposición al humo del tabaco. Ante ello, establece que deberán ocupar el 85% de la superficie de las caras principales del envase y el 100% de una de las restantes.
Reacciones
El diputado Jorge Sabag (DC) señaló que esta legislación es muy restrictiva, perjudicando gravemente la producción de tabaco por parte de pequeños agricultores. “La intensidad de la legislación actual me parece que está bien; llevarla más allá, me parece que va a generar más perjuicios que beneficios”, planteó.
Asimismo, el diputado Frank Sauerbaum (RN) indicó que fomenta el exterminio de un sector productivo de nuestra agricultura. “Me asombra que se diga que si queremos sacarlo del mercado debemos reconvertir a los agricultores. Estamos hablando de gente mayor que no tiene financiamiento ni capacitación”, añadió.
Agregó, que este proyecto ataca al sector nacional, proponiendo que no se pueda mezclar con aditivos que es, justamente, el tipo de tabaco que se produce en Chile.
De la misma forma, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) observó que se ha tratado, muchas veces, de realizar reconversión. “Lamentablemente, se ha tenido cero acompañamiento del Estado (…). Nos hubiese gustado tener algo más robusto de cómo hacer prevención”, evaluó.
Invitados
Antes de la votación, se conoció la postura de diferentes entidades y organizaciones que están vinculadas con el sector tabacalero.
En primer lugar, expuso Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. Informó que un estudio realizado arrojó que el tabaco genera un ingreso muy superior al promedio de las alternativas posibles. De tal forma, estiman en un 40 % las pérdidas en los ingresos de los agricultores que deban emigrar a otros cultivos.
Ante ello, señaló que habría que, necesariamente, acompañarlos con un programa de reconversión. “Eso conlleva a una asistencia técnica y de financiamiento. Esto, deberá ser realizado, por lo menos, cinco años para que sea viable”, agregó.
Por su parte, el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, alertó sobre la relevancia que tiene para la economía de su comuna la presencia de British American Tobacco Chile.
Sostuvo que genera un encadenamiento productivo importante en la prestación de servicios por parte de proveedores. Además, dijo que la ubicación en que se emplaza la compañía ha permitido revitalizar dicho sector. “Se está generando un pueblo industrial importante que beneficia a la comuna y a su entorno”, puntualizó.
Finalmente, Bernardita Silva, ejecutiva de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo CNC, señaló que su preocupación está centrada en las consecuencias de una sobre regulación de la industria. Ello provocaría, a su juicio, una competencia injusta para el comercio formal y un aumento exponencial del contrabando de cigarrillos, uno de los productos que utiliza el crimen organizado para financiarse.
El informe de la Comisión lo rendirá ante la Sala el diputado Ignacio Urrutia (PREP).