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Este 4 de septiembre deberemos acudir a las urnas para manifestar como ciudadanía si aprobamos o rechazamos la propuesta de nueva Constitución. Frente a esto, se hace necesario analizar el texto, especialmente aquellas normas asociadas a la agricultura, y es lo que hemos hecho en este programa desde que comenzó el proceso constituyente.

En ese sentido, en El Agro conversamos con Juan Carlos Latorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros y ex presidente de la DC.

Latorre explicó que el Colegio de Ingenieros analizó cuatro temas de la propuesta constitucional: desarrollo del sector minero, medio ambiente, desarrollo económico sustentable y recursos hídricos.

“El texto de la nueva constitución inevitablemente tiene un impacto en lo que será el futuro desarrollo económico y social de nuestro país. Hablamos de una propuesta que incluye aspectos bastante novedosos, unos muy necesarios, pero también una serie de propuestas que en nuestro Colegio de Ingenieros estuvo estudiando”, señaló.

Respecto a cómo se aborda el tema del agua en la propuesta, indicó que “lamentablemente, las normas aprobadas unánimamente y entradas en vigencia en abril de este año, no fueron consideradas para nada como un elemento base de análisis para el uso de recursos hídricos en el país. Y el texto genera una discusión, preocupación, una situación de incertidumbre en aspectos que son realmente relevantes para todos los sectores productivos, y especialmente para la agricultura”.

De derechos a autorizaciones del uso del agua

Para Latorre, el problema está en la norma que transforma los derechos de agua en autorizaciones del uso del agua. “Eso genera incertidumbre, inevitablemente. Hoy para un agricultor y para cualquier sector, el recurso hídrico es fundamental y está asociado a derechos y son parte dentro de un conjunto de otros aspectos que les permiten producir. Ningún banco está dispuesto a entregar recursos si el que solicita no acredita tener los derechos de agua”, explica.

Y agrega que “más aún, la palabra incomerciable supone no solamente que no podrá ser transferida a un tercero, sino también que no podrá ser garantía para un desarrollo. Aquí se genera una situación bastante compleja y esencial que nuestro Colegio de Ingenieros llamó la atención oportunamente y lamentablemente no nos hicieron caso”.

En este sentido, recalca que “es evidente que si la autorización de uso del recurso hídrico tiene un carácter solo administrativa, y además en forma textual el texto constitucional la declara incomerciable, evidentemente que le está imponiendo una limitación que será decisiva en el efecto que producirá en todos los sectores productivos que necesitan agua. El 85% de las exportaciones de nuestro país tiene como uno de los recurso en el proceso productivo el agua”.

“No fuimos recibidos”

El vicepresidente del Colegio de Ingenieros recuerda que, a pesar de hacer las gestiones, no fueron considerados por los convencionales. “Nosotros ni siquiera fuimos recibidos, les entregamos el texto a cada uno de los convencionales y cuando comparamos el texto final y lo que nosotros habíamos manifestado como preocupación, la verdad es que hay una gran distancia”.

Y añadió que “nuestra apreciación fue de considerar que el texto no era el mejor para el futuro del país. Yo lo lamento pero hay que tenerlo presente”, indicó.

“No es un bueno para el país”

Latorre es claro en señalar que Chile tiene hoy, aproximadamente, 12 mil canales de regadío, 6.400 de los cuales captan agua directamente de cauces naturales. A lo anterior, se agregan alrededor de 38 obras de regulación mayores, que permiten almacenar un total de 4.500 millones de metros cúbicos de agua. Se agregan 50 mil captaciones de aguas subterráneas que se estima existen en el país. “Es un sistema complejo, con más de 400 mil usuarios, 350 mil de ellos en aguas superficiales y alrededor de 50 mil en aguas subterráneas, y todo esto se ha construido en un esfuerzo gigantesco, que no se puede borrar de una plumada de un día para otro”, manifiesta.

“No se trata de generar temor frente a lo que viene, sino que de avisar que existe un concepto de cómo se debe abordar el uso del recurso hídrico en Chile, que está mal resuelto en el texto”, agregó.

A esto, añadió que “creo que cualquiera sea el resultado del plebiscito, de todas maneras todo aquello que no es bueno para el futuro del país, tendremos que arreglarlo. Pero hay disposiciones que cierran el paso a un acuerdo nacional más amplio. Aquí algunos se dieron un gusto que no es bueno para el país”.

Deber moral

Sobre su decisión en el plebiscito, Latorre argumenta que “Chile necesita una nueva constitución y en eso el 78% de los chilenos lo votamos favorablemente cuando se resolvió convocar a esta convención constituyente. Había esperanza en que este grupo de personas podría darle forma a un proyecto constitucional que efectivamente interpretara a una gran mayoría de los chilenos. Eso no ocurrió y es tan cierto que algunos dicen que hay que rechazar para reformar, y otros aprobar para mejorarla después, cualquiera de las disposiciones, todos coinciden que no es más conveniente. Nosotros tenemos que votar un texto, no existe una tercera opción”.

Y finaliza diciendo que “en mi caso, habiendo sido parlamentario de zonas rurales y agrícolas, tengo el deber moral de decir que no es bueno para el futuro del país generar incertidumbre en aspectos tan centrales, como es la seguridad alimentaria, y por eso que no solamente ejerceré mi libertad de conciencia si no que además entrego los argumentos que me han llevado a esta posición”.

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