Fiscales peruanos registraron este martes un estudio de abogados vinculado a la líder opositora Keiko Fujimori, en el marco de las investigaciones de los supuestos aportes ilegales de la brasileña Odebrecht para su partido.
“Vamos a revisar registros contables y administrativos del Estudio Oré Guardia para corroborar que si desde este lugar se pagaron a abogados que han servido para coaccionar la voluntad de testigos o de imputados”, dijo a la prensa el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, que encabeza el allanamiento.
La fiscalía se ampara en una resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó prisión preventiva a Keiko Fujimori por 36 meses el 31 de octubre.
Existen “suficientes elementos de convicción (…) en cuanto a la perturbación a la averiguación de la verdad desplegada por el abogado Edward García Navarro”, indicó el juez para justificar el ingreso de fiscales.
El abogado es defensor de Keiko Fujimori y de José Chlimper, ex secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, destacó la prensa local.
El allanamiento permitirá determinar si existe documentación sobre “aportaciones respecto a la campaña 2011-2016 de Fuerza Popular”, dijo el fiscal del caso, José Domingo Pérez.
Según la fiscalía, el estudio de abogados “coaccionó a testigos” y manipuló testimonios de los presuntos aportantes encubiertos para “que den declaraciones inexactas” con el fin de afectar las investigaciones.
La empresa constructora brasileña aportó 1,2 millones de dólares a la campaña presidencial de Keiko en 2011, que no fueron declarados por el partido fujimorista. Keiko Fujimori niega el aporte.
Además, de Keiko, otros cuatro integrantes de la cúpula fujimorista recibieron prisión preventiva. El juez estima que existe riesgo de obstrucción a la justicia y de fuga si quedan libres mientras avanzan las investigaciones.
En el marco del mismo caso, el juez dictó el lunes impedimento de salida del país y comparecencia restringida para el ex integrante de Fuerza Popular Jorge Yoshiyama, colaborador de la fiscalía a cambio de revelar las acciones ilegales realizadas con los fondos entregados por Odebrecht.