El ex presidente peruano Alan García negó que exista persecución política y entregó su pasaporte a la fiscalía en señal de que acatará el impedimento de salida del país, en su primera declaración a la prensa luego que Uruguay le negara el asilo.
“Creo importante confiar en lo que ha dicho el presidente de la República y el presidente del Poder Judicial: Hay independencia de poderes y que no hay persecución política” en Perú, dijo García a un grupo de periodistas.
García anunció su disposición a cooperar con la fiscalía de lavado de activos, que hace dos semanas le amplió una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima, durante su segundo mandato.
El ex presidente explicó que entregó a la fiscalía su pasaporte, constancia domiciliaria en Lima y un certificado de trabajo para asegurar que se quedará en el país.
“Reiniciaré mi trabajo político dentro del Partido Aprista”, dijo el dirigente de 69 años que gobernó Perú de 1985 a 1990 y entre 2006 y 2011.
Dicha investigación le impuso una medida cautelar que le impide salir del país por 18 meses, lo que provocó que el 17 de noviembre, el ex presidente pidiera asilo en la embajada de Uruguay en Lima alegando persecución política.
En relación al frustrado asilo en Uruguay, señaló que “si bien no tuvo éxito por las presiones políticas existentes, sí ha servido para que la comunidad internacional y para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté siguiendo muy de cerca el respeto a la ley en el Perú”.
García afirmó que seguirá asistiendo a todas las convocatorias de la fiscalía de lavado de activos.
“No existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras”, reiteró respecto a la investigación preliminar en su contra.
En forma paralela, la fiscalía abrió una investigación a García y otros 21 funcionarios de su segundo gobierno por supuestamente conspirar para “facilitarle” a la empresa holandesa ATM Terminals, ganar en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.
“Lamento que últimamente se sumen denuncias sin sospecha alguna, por ejemplo aquella del muelle norte del Callao”, dijo García sobre ese caso.
El ex mandatario permaneció durante 16 días en la embajada uruguaya, donde solicitó asilo “ante la inminencia de una orden de detención”.
El pedido fue rechazado por el gobierno de Uruguay tras revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.
El escándalo de Odebrecht en Perú también ha dejado bajo la lupa de la fiscalía a los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.