AFP
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El gobierno de Donald Trump acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos para desbloquear una nueva normativa que restringe el derecho de asilo en la frontera con México que había sido suspendida por un juez federal.

El representante legal del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó en una carta enviada el lunes al tribunal que la suspensión “interfiere de forma indebida con la autoridad del poder ejecutivo para establecer una política migratoria”.

En julio, el juez federal Jon Tigar, basado en San Francisco, ordenó al gobierno suspender la entrada en vigor del reglamento que hacía que la mayoría de los migrantes que llegan a través de México fueran inelegibles para solicitar refugio.

Con esta nueva norma sobre el derecho de asilo, Trump, que busca la reelección con el mismo discurso antiinmigrante con el que llegó al poder, buscaba procesar únicamente los casos de extranjeros que demostraran que habían solicitado asilo en al menos un país antes de Estados Unidos y que su petición había sido denegada en última instancia.

La decisión judicial del juez Tigar fue secundada el 16 de agosto por un tribunal de apelaciones del circuito judicial de la costa oeste de Estados Unidos.

Para el abogado del gobierno, “Estados Unidos ha experimentado un alza sin precedentes en el número de extranjeros que entran de forma ilegal en la frontera sur y que si son aprehendidos, piden asilo y permanecen en el país mientras se resuelven sus demandas”.

En julio, 82.000 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, una cifra que refleja una caída de un 21% con respecto al mes anterior, tras un acuerdo con el gobierno de México para frenar el flujo.

Pese a este descenso, la cifra de julio sigue siendo más del doble que la del mismo mes de 2018, y fue registrada durante el verano boreal, cuando la cantidad de migrantes normalmente disminuye.

La mayoría son familias de Guatemala, Honduras y El Salvador, que huyen de la violencia y la pobreza en el Triángulo Norte de América Central.

El lunes el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresó a Estados Unidos su “alarma” de que los acuerdos firmados por Trump con México y Guatemala para frenar la migración irregular generen un flujo de personas adicional en su territorio que su país no pueda gestionar.

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