El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha mostrado este martes su “gran preocupación por la respuesta violenta” de las fuerzas de seguridad iraníes a las protestas de los últimos días por la muerte bajo custodia de una mujer detenida por llevar mal el velo, que se han saldado con más de 40 muertos, según medios oficiales.
La portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, ha criticado las “restricciones de las comunicaciones” aplicadas por las autoridades, incluido Internet y redes sociales, y ha lamentado que “muchos iraníes han muerto, han resultado heridos o han sido detenidos durante las protestas” por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años y detenida el 13 de septiembre en la capital, Teherán.
“Debido en parte a las restricciones en las telecomunicaciones, es difícil establecer el número preciso de víctimas y arrestos”, ha señalado, antes de recordar que organizaciones no gubernamentales han situado la cifra de fallecidos por encima de la facilitada hasta ahora por los medios estatales.
“Estamos extremadamente preocupados por los comentarios de algunos cargos criminalizando a los manifestantes y por el aparentemente innecesario y desproporcionado uso de la fuerza contra los manifestantes. Las armas de fuego nunca deben ser usadas para dispersar una asamblea”, ha recordado.
En este sentido, ha dicho que “el Gobierno no ha anunciado el número total de arresto”, si bien ha reseñado que la Policía de la provincia de Gilán ha confirmado la detención de cerca de 740 personas.
“Pedimos a las autoridades iraníes que garanticen el derecho al debido proceso y que liberen a todos los que han sido privados de su libertad de forma arbitraria”, ha resaltado.
Shamdasani ha mostrado además su preocupación por el “grave impacto” de las restricciones a las comunicaciones en la capacidad de la población para “intercambiar información, realizar actividades económicas y acceder a servicios públicos. Esto socava numerosos derechos humanos. Reclamamos a las autoridades que restablezcan totalmente el acceso a Internet”, ha añadido.
“También estamos preocupados por la persistente impunidad respecto a las violaciones de los Derechos Humanos en Irán, incluida la muerte recurrente de manifestantes por el supuesto uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, principalmente en noviembre de 2019, julio de 2021 y mayo de 2022″, ha subrayado.
Por su parte, la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR) elevó el lunes a 76 el número de muertos en las movilizaciones, incluidos cuatro niños, y denunció que “la mayoría de las familias se vieron forzadas a enterrar de forma discreta a sus seres queridos por la noche y presionadas contra la celebración de funerales públicos”, agregó.
La ONG destacó que ha obtenido vídeos y certificados de fallecimiento que “confirman que se está disparando directamente con munición real contra manifestantes y advirtió del continuado asesinato y el uso de la tortura y los malos tratos contra detenidos para forzar confesiones falsas para ser televisadas”, lamentó.
En esta línea, el director de la organización, Mahmud Amiri-Moqadam, dijo en un comunicado publicado en la red social Twitter que “el riesgo de torturas y malos tratos contra manifestantes es grave y el uso de munición real contra manifestantes es un crimen internacional”.
Amini, miembro de la minoría kurda iraní, fue detenida en Teherán por vestir de forma inadecuada y falleció tres días después de caer en coma tras desmayarse en un centro de detención, en medio de denuncias sobre torturas y malos tratos. La Policía ha negado las acusaciones y el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha prometido una investigación.