El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, designó hoy a los reemplazantes de los renunciados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en la Fiscalía de Alta Complejidad, unidad que estaba investigando el caso Penta.
Como jefe de Alta Complejidad fue nombrado Felipe Sepúlveda Araya, quien actualmente se desempeña como jefe de la Fiscalía de Ñuñoa, quien asumirá el nuevo cargo el 1 de marzo del presente año, mismo día en que se harán efectivas las renuncias.
Además, en la unidad de Alta Complejidad también fue nombrado Carlos Ramírez Moreno, quien en la actualidad ocupa el cargo de fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes.
Guerra destacó que los fiscales que asumirán sus funciones en Alta Complejidad tienen 15 años de experiencia en la persecución penal, que han obtenido importantes condenas y que se han destacado por su profesionalismo.
“Los objetivos de esta unidad serán el trabajo en las causas de delitos económicos, corrupción y el desafío de enfrentar los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas”, enfatizó.
El fiscal Felipe Sepúlveda Araya (42) es abogado titulado de la Universidad de Chile y diplomado en delitos económicos de la Universidad Alberto Hurtado. Inició sus funciones como fiscal en 2003 en la Fiscalía de Rancagua.
Entre los años 2004 y 2012 se desempeñó como fiscal de delitos económicos en la Fiscalía de Ñuñoa. También se desempeñó en las fiscalías de Flagrancia, la Florida y Peñalolén Macul. De esta última unidad fue nombrado jefe en mayo de 2014 y desde noviembre de 2015 se desempeñaba como fiscal jefe de Ñuñoa.
En 2015 llevó a juicio oral dos casos de alta connotación logrando la condena a presidio perpetuo calificado contra Marcial Berríos por la muerte del subteniente de carabineros Daniel Silva.
El mismo año obtuvo la pena de presidio perpetuo para el imputado Sergio Tranamil por el delito de femicidio. También obtuvo condena para cinco imputados por el ataque que afectó al cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI.
En delitos económicos obtuvo condena efectiva contra el químico Winston Michelson por estafa de 2.500 millones de pesos e indagó al Concejo de Las Américas por la denuncia de apropiarse de fondos destinados a campañas de prevención del VIH.
Por su parte, el fiscal Carlos Ramírez (41) es abogado de la Universidad de Talca, cuenta con un magíster en Derecho Penal, un diplomado en Estudios avanzados de la Universidad de La Coruña y un diplomado en derechos de los Niños, Niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales de la Universidad Católica.
Ingresó al Ministerio Público en 2003, trabajando en delitos económicos en la región de O’Higgins. Entre los años 2005 y 2017 se desempeñó en la Fiscalía Occidente. Desde noviembre de 2017 es fiscal de la Fiscalía de Las Condes, en la unidad de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar.
Entre los casos que ha investigado se encuentra la causa que concluyó en 2014 con la condena de un juez por delitos de abuso sexual y obtuvo condena de presidio perpetuo calificado contra violador serial en Maipú.