El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, envió un “téngase presente” al fiscal nacional Jorge Abbott en respuesta a la acusación de “negligencia” del Gobierno para investigar los hechos, que hizo la Fiscalía Regional de La Araucanía en la audiencia de cierre de la investigación de la “Operación Huracán”, del 9 de febrero pasado.
En el documento de cuatro páginas, remitido ayer a Abbott, se hacen duros cuestionamientos por la “inusitada respuesta de determinados fiscales que, en los hechos y de un modo impropio, imputaron una defensa del gobierno a Carabineros de Chile como si las infracciones penales y administrativas presuntamente cometidas por algunos funcionarios de dicha institución hubieran estado en conocimiento del suscrito, lo que es absolutamente falso”.
También afirma que el secreto de la investigación decretada por la fiscalía “se usó para ocultar la existencia de irregularidades ocurridas en la misma. Concretamente, se ocultó una presunta violación de secreto cometida al interior de la propia Fiscalía y además una presunta adulteración de informes periciales cometida por funcionarios de Carabineros de Chile”.
En cuanto al cierre de la investigación, critica que se haya realizado con “al menos 23 diligencias investigativas pendientes, entre las cuales se encuentra incluso un requerimiento de información al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica”.
Además, según el documento, el cierre de la indagatoria afectó el derecho de las partes a conocer el contenido de la investigación y de pedir diligencias investigativas, ya que estas últimas solo pueden ser solicitadas mientras la investigación se encuentra aún abierta.
Acerca de la decisión de no perseverar en la investigación a los 8 imputados, ésta se habría adoptado “en base a antecedentes pertenecientes a otra investigación y que jamás fueron incorporados en la carpeta investigativa”.
El documento menciona un informe del perito judicial Felipe Sánchez Fabre, quien en sus conclusiones indicó que existían anomalías en los informes de Carabineros.
“Tenemos la certeza que dicho documento fue determinante para que se comunicara la decisión de no perseverar (…) Esto último deja en evidencia que la decisión de no continuar con la investigación fue adoptada en base a un antecedente no incorporado en la carpeta, y desde luego desconocido por los intervinientes en la causa”, expresa el documento enviado a Abbott.
Otra crítica es que la Fiscalía de La Araucanía “no habría resguardado el secreto de los antecedentes de la investigación, ya que con fecha 25 de enero de 2018 se decretó el cierre de la misma, estando aún vigente el secreto sobre los peritajes elaborados por ULDDECO, y por ende, estos documentos eran a la fecha desconocidos por todos los intervinientes. Pues bien, tales informes fueron publicados en forma íntegra en el portal web de Radio Biobío el día 26 de enero de 2018, cuando aún no había sido entregada copia de la carpeta a las partes”.
También se cuestiona la facultad de la fiscalía agrupar y desagrupar las causas. “En este caso, de acuerdo a información de prensa, la Fiscalía llegó a tener abiertas en forma paralela diez investigaciones con diversos RUC, y ello en ningún caso tuvo como objetivo colaborar con el esclarecimiento de los hechos”.
Acerca de la acusación concreta del fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Felipe González, quien calificó de “negligente” la actuación del gobierno por no mostrar interés en investigar a Carabineros, la respuesta del subsecretario Aleuy expresa que “estas afirmaciones no solo son inadecuadas y abusivas de acuerdo a los términos del artículo 530 del Código Orgánico de Tribunales, sino que constituyen una vulneración del deber de probidad”.
En cuanto al fiscal Luis Arroyo Palma, quien el pasado 19 de enero presentó una querella como persona natural contra Carabineros, la subsecretaría cuestiona que “utilizó información que sólo pudo obtener en razón de su cargo como Fiscal Jefe de Alta Complejidad de la Araucanía”.
“Con la conducta desplegada, infringió gravemente su deber de guardar reserva en relación a los antecedentes que conoce en el ejercicio de su función pública, y lo previsto en el artículo 246 del Código Penal. Además, para confeccionar dicho libelo, utilizó datos contenidos en el informe policial de inteligencia número 202, secreto, de Carabineros de Chile. Con ello infringió su obligación de resguardar la información de inteligencia prevista en los artículos 38 y siguientes de la Ley 19.974”, señala el documento.
Por todo lo expuesto, Aleuy pidió “en términos respetuosos y convenientes, que dentro de sus facultades legales adopte medidas” en relación al actuar de los fiscales de La Araucanía.