20082018 - 08:24 Fiscalía y PDI desarticulan clan familiar dedicado a la trata laboral de bolivianas
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Fiscalía y PDI desarticulan clan familiar dedicado a la trata laboral de bolivianas

Por María Eugenia Noriega |
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Crédito: Sebastian Cisternas/Aton Chile

La Fiscalía de Iquique y la Brigada de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones logró desarticular una banda familiar conformada por tres sujetos de nacionalidad boliviana, quienes se dedicaban a traer al país mujeres de la misma nacionalidad, con el fin de explotarlas laboralmente para que trabajaran en dos locales comerciales de su propiedad.

Los imputados -Sara Salinas Hidalgo, su pareja Audian Condori y su madre Nélida Berríos Hidalgo- fueron formalizados por el delito de trata laboral y quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación, de un plazo de cuatro meses.

El fiscal a cargo de la investigación, Pablo Medina, explicó que se puedo determinar que estas personas se concertaron con una agencia de empleos en la ciudad de Cochabamba (Bolivia), para ofrecer trabajo en dos locales comerciales que manejaban: un restorán ubicado en calle Bolívar de Iquique, y otro ubicado en la comuna de Pica.

El persecutor agregó que bajo engaño estas personas aceptaban el trabajo, creyendo que recibirían una remuneración mensual de 300 dólares y buenas condiciones de trabajo.

“La investigación hasta el momento pudo determinar que a lo menos 18 mujeres aceptaron venir a Chile engañadas, quienes eran traídas al país por los propios imputados, ya sea pasando como turistas o ingresando en forma clandestina por la frontera”, explicó Medina.

Ya en el país, las mujeres eran llevadas hasta uno de los dos locales comerciales que tenían los imputados, donde eran obligadas a trabajar en jornadas que comenzaban a las 8:00 horas y se extendían hasta la madrugada. Además, se las hacía dormir en una habitación a todas juntas en colchones tirados en el piso, con un baño compartido para todas sin agua caliente y en precarias condiciones higiénicas, según la fiscalía.

Por otra parte, a ninguna de las víctimas se les pagaba lo prometido, sólo les daban pequeños anticipos no superiores a 5 mil pesos, sus documentos les eran retenidos por los imputados, y cuando ellas manifestaban su intención de renunciar, se las amenazaba señalando que se irían a la cárcel y que por ser bolivianas a nadie le importaban.


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