El abogado Luis Hermosilla, querellante del Gobierno en el caso Luchsinger Mackay, negó haber presionado a la jueza Ximena Saldivia para que abandonara el juicio, según denunció el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin.
La Tercera publica hoy que Aylwin, también miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentó un escrito ante Diego García Sayán, relator de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, en el que sindica Hermosilla como el responsable de presionarla “para dejar el juicio y así no participar del fallo”. También afirma que el jurista fue “incendiario en sus intervenciones durante todo el juicio”.
En declaraciones que reproduce el diario, el abogado Hermosilla expresó que “desmiento categóricamente cualquier acto de presión”, y agregó que “todas las actuaciones de los intervinientes están registradas en audio. Desafío a esta institución a que pueda encontrar un acto de presión de mi parte”.
Hermosilla añadió que la acusación es “falsa y raya en la injuria”, por lo que estudiará los antecedentes y evaluará acciones legales.
Según el diario, la denuncia de la magistrada y la información enviada a la ONU preocupan a los intervinientes del caso.
La defensora Karina Riquelme, abogada en diversas causas que involucran a comuneros mapuches, dijo que los hechos son “gravísimos. Hemos visto el actuar de la Corte de Apelaciones de Temuco y en especial en este caso Luchsinger”.
Según explicó, “el actuar del tribunal, con total falta de lógica jurídica, no tiene otra explicación que no sean presiones políticas”.
En tanto, la defensora penal Manuela Arroyo estimó que la denuncia “genera más de una duda respecto de la imparcialidad del tribunal y, por lo tanto, perfectamente puede ser una causal de anulación del juicio”.
Estas posturas se enfrentan a la que tiene el abogado de la familia Luchsinger, Carlos Tenorio, quien sostuvo que “en este caso particular no conocemos la sentencia, eso solo se va a conocer a partir del 11 de junio”.
Agregó que “aventurar otras cuestiones, como que pudiera haber nulidad, me parece inapropiado. Es una aventura jurídica y una demostración de la falta de seriedad con que a veces algunos colegas hacen afirmaciones ajenas a lo que está en el espíritu de la ley”.
El 23 de abril pasado, la jueza Saldivia presentó una licencia médica de 10 días y dejó el juicio poco antes del veredicto que condenó a tres de los 11 comuneros acusados. La magistrada había participado desde su inicio, el 26 de marzo, y según versiones poco antes de la licencia se le vio llorando al parecer por diferencias con os otros jueces.