El Instituto Nacional de Derechos (INDH) dio a conocer el Informe Programa de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público 2016, documento que establece que durante ese año un 75% de las marchas observadas “culminó con acciones represivas por parte de Carabineros de Chile”.
El informe constata también una disminución del uso de gases lacrimógenos de un 88 % en 2015 a un 62,5 % en 2016; también se establecen denuncias de golpes con resultado de lesiones y desnudamientos a personas detenidas; y el uso de armas no letales y letales en el contexto del conflicto del Estado y el pueblo mapuche.
Respecto a la respuesta estatal ante posibles casos de violaciones de derechos, el INDH determinó responsabilidades políticas del Estado en el actuar policial, concluyendo que faltan respuestas por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de algunas situaciones, como por ejemplo un incumplimiento en la actualización de las cifras de controles preventivos de identidad efectuados trimestralmente (Ley Corta Antidelincuencia).
En la misma línea, se detectó una falta de sistematización de los datos entregados por parte de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, e incongruencias en informaciones solicitadas al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensoría Penal Pública.
El INDH también constató que en las manifestaciones públicas hay una falta de focalización en el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Especiales, repercutiendo su actuación en algunas ocasiones en más del 50% de las personas asistentes. Asimismo, se observó que el 43% de las manifestaciones culminan con heridos.
Respecto de personas que se encuentran bajo la custodia policial se reveló una ausencia de constatación de lesiones de quienes son detenidos, privaciones de libertad arbitrarias, y malos tratos físicos y psicológicos.
El informe también da cuenta de la función policial y de su relación con grupos vulnerables, por ejemplo, con el pueblo mapuche. En este ámbito informa sobre la existencia de numerosos casos de violencia cometidos en el contexto del conflicto del Estado con el pueblo mapuche que han afectado a comuneros(as) y también a personal de Carabineros de Chile, y el uso de armas no letales y letales que ocasionaron daños en la integridad física y psíquica de las personas.
En relación con esto último, según el INDH, existe una ausencia de control interno en el uso de este armamento y en el cumplimiento de estándares internacionales que regulan esta materia.
En términos del trabajo de Carabineros en el contexto de desalojo de personas, en algunos casos, como campamentos, se constató que sus protocolos resultan insuficientes para delimitar su accionar. Así, el INDH indica que el uso de la fuerza aplicado no ha respetado los principios de necesidad y proporcionalidad en estas situaciones.
El estudio emitido por el Instituto aborda casos emblemáticos ocurridos en 2016, por ejemplo las agresiones que sufrieron dos funcionarias del INDH de la sede Antofagasta, que fueron detenidas arbitrariamente y agredidas por Carabineros cuando intentaban visitar a los detenidos luego de una marcha, función facultada por ley a la institución.
También el caso de una mujer embarazada que abortó a su hijo producto de la agresión por parte de una funcionaria de la 3ª Comisaría de Santiago; los manoseos de los que habrían sido víctimas alumnas del Liceo Manuel de Salas detenidas en una manifestación, y los desnudamientos que habrían sufrido otros jóvenes.