El jefe regional de la Fiscalia Metropolitana Oriente, Manuel Guerra aseguró que ad portas de un juicio oral no poseía las pruebas ni datos certeros para poder condenar por soborno y cohecho a Carlos Délano junto con Carlos Lavín, dueños del holding Penta y al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Guerra dijo que en esta etapa del caso, que estalló hace más de tres años, la Fiscalia “sólo contaba con un testimonio como era el del señor Hugo Bravo, que ya está fallecido y el resto solo eran versiones circunstanciales, por lo que nosotros tenemos acreditado “un delito residual” y no la posibilidad de probar cohecho o soborno, por lo tanto y como tenemos el deber de objetividad debemos actuar de la misma manera. No se trata de hacer “lo que uno quiera” sino lo que podemos hacer” aseguró el persecutor a la salida de la extensa segunda jornada en el Centro de Justicia de Santiago.
Mas temprano, desde Puerto Montt, el fiscal nacional Jorge Abbott defendió el acuerdo entre la Fiscalía Metropolitana Oriente y las defensas de los controladores del holding Penta.
El juez Daniel Aravena del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó el juicio abreviado para los dueños del holding Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín quienes quedaron condenados sólo por delitos tributarios, a excepción de la ex autoridad, a quien se le sentenció por enriquecimiento ilícito y no por cohecho.
El próximo 9 de junio el juez Aravena informará la sentencia condenatoria con beneficios a la que accederán estos dos imputados además del ex gerente de administración del holding, Marcos Castro ya que han pactado con el Ministerio Público 4 años de libertad vigilada.
Más temprano el mismo magistrado excluyó a los querellantes del Caso Penta, es decir, al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la fundación Ciudadano Inteligente y a los representantes del Partido Socialista; y solo dio legitimidad activa al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Pese a que Aravena resolvió aceptar la solicitud del Ministerio Público y de las defensas en la audiencia de este miércoles, el CDE reiteró su postura y puntualizó su deseo de solicitar la nulidad de la decisión y la consejera del CDE, María Inés Horwitz anunció que estudiarán recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago.