En su edición de hoy, ‘La Tercera’ publicó que el 12 de julio pasado, el director de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres -designado como enlace formal con la oficina vaticana de denuncias en Chile-, envió un correo electrónico a los fiscales regionales del país. En este reiteraba, ahora con tenor de instrucción, una consulta que ya había realizado en un mail anterior del 19 de junio: la necesidad de designar fiscales preferentes para investigar los eventuales ilícitos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en que se haya vulnerado la integridad e indemnidad sexual de menores de edad.
Fuentes de La Tercera detallan que en la primera comunicación, Torres preguntó a los jefes regionales respecto de si habían determinado darles prioridad a estas investigaciones, pero la semana pasada ordenó directamente acelerar las indagatorias. Este carácter preferente, que ya se ostentaba en Temuco para estos delitos, implica una mayor dedicación y acceso a recursos.
El siguiente rango es de dedicación exclusiva.
El impulso del fiscal nacional, Jorge Abbott, se da en medio de la arremetida del persecutor Emiliano Arias, quien por vez primera en Chile incautó archivos eclesiásticos desde los arzobispados de Santiago y Rancagua, y solicitó detener la semana pasada al excanciller de la Iglesia, Óscar Muñoz Toledo, por los delitos de abuso sexual y estupro en calidad de reiterados. Así, Toledo se convirtió en la más alta autoridad de la Iglesia que ha estado en prisión por hechos de esta naturaleza.
Si bien en un inicio Abbott estimó que tomaría solo un par de semanas organizar la información de todo el país, solicitada a través de un mail fechado el 13 de junio, respecto de las causas que serán incorporadas al requerimiento de cooperación internacional al Vaticano, en lo específico, se debe pedir a la Congregación para la Doctrina de la Fe que disponga el traslado de los procesos canónicos que involucren a menores de edad al menos desde la década del 2000 a la fecha, que es el periodo en que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal en Chile. En paralelo, la congregación debería autorizar a las diócesis que liberen las investigaciones previas que involucran a niños.
Sin embargo, el proceso ha sido más lento de lo esperado.
Fuentes del Ministerio Público detallan que las fiscalías remitieron sus antecedentes: nombre del imputado, de la víctima, identificación y relato de la causa, abierta o cerrada, pero que tras ello se inició un chequeo y cruce de datos con la base de la institución.
A la depuración de información, en curso, se agregaron otros elementos: causas que se han abierto en las últimas semanas por oficio, información de prensa sobre ilícitos, la solicitud del fiscal Raúl Guzmán de incorporar el Informe Scicluna y una decisión estratégica aún no adoptada: si requerir o no los expedientes de sacerdotes indagados por causas en el antiguo sistema de justicia.