El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio a conocer ayer en tarde el informe final del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas con el diagnóstico realizado por dos expertos, luego de su visita a una serie de centros de Sename en enero de este año.
El informe concluye que se han cometido “violaciones graves y sistemáticas” por parte del Estado de Chile a los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su custodia, y el Gobierno se mostró sorprendido por la dureza del lenguaje empleado por los expertos. En todo caso, en su respuesta al informe dada a conocer por el Ministerio de Justicia, el gobierno reiteró el compromiso del Presidente Sebastián Piñera con su política de “los niños primero”.
En su rspuesta, el Gobierno explicó que diagnóstico planteado por el Comité se funda en los antecedentes recogidos en su visita a centros de la regiones Metropolitana y de Valparaíso durante enero de 2018, las entrevistas sostenidas en dicha ocasión, y los análisis y conclusiones contenidos en una serie de informes sobre la situación de la infancia vulnerada elaborados a partir de 2013 por el Poder Judicial, Unicef, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Según el Gobierno, el informe formula su diagnóstico y recomendaciones a partir de hechos y antecedentes previos a que el actual Gobierno asumiera su gestión y lo hace utilizando un tenor asertivo y severo afirmando, en resumen, que en Chile han existido “violaciones graves y sistemáticas” a los derechos de la infancia vulnerable en los últimos 40 años, esto es, a partir de la creación de Sename en 1979.
Añade que ninguno de los informes previos elaborados por el Comité en relación a Chile —en 2007 y 2015— había efectuado este tipo de aseveración, lo cual constituye un giro que el documento no desarrolla.
RESUMEN DE LAS ACUSACIONES
En efecto y en resumen, para el Comité, el Estado es responsable por “graves violaciones de los derechos enunciados en la Convención considerando que el sistema de protección residencial en Chile ha resultado en una amplia vulneración de derechos de miles de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado durante un largo período de tiempo”.
Estas graves violaciones estarían constituidas por “violación de su obligación de respetar los derechos de los NNA durante su estadía en las residencias de administración directa del Estado, que ha resultado en una re-victimización de los NNA por parte del personal”.
Además, “violación de su obligación de proteger por no proveer la protección y el cuidado adecuado a NNA que entran en el sistema de protección residencial por haber sido víctimas de vulneraciones de derechos, ni los cuidados necesarios para la recuperación y rehabilitación física y psicológica de los NNA”.
Y por “violación de su obligación de hacer cumplir los derechos de los NNA por la inexistencia de medidas efectivas y oportunas para poner fin a las violaciones de derechos, tanto en su familia de origen como en las residencias de administración privada”.
Asimismo, el Comité manifiesta que las violaciones sistemáticas de los derechos enunciados en la Convención de Derechos del Niño se deben a “la falta de una ley integral de protección de la niñez basada en una perspectiva de derechos humanos”.
Agrega “la existencia y uso extendido y continuo de medidas judiciales que fallan en su propósito de protección y recuperación”.
También, “el mantenimiento de un cuadro administrativo de Sename no adecuado en recursos humanos y financieros”.
Y “la incapacidad y/o voluntad, por parte del Estado, de tomar medidas eficaces y oportunas a pesar de que la situación del sistema de protección residencial es conocida a través de informes oficiales de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo”.
INFORME “NO ES DEL TODO NUEVO”
En su respuesta al informe, el Gobierno consigna que en nuestro país, diversos personeros e instituciones públicas han elaborado informes críticos del estado de la niñez vulnerable en Chile (incluyendo graves abusos y maltratos) en los últimos 5 años, principalmente. “El actual Gobierno formuló su propio diagnóstico antes de asumir funciones y por ello comprometió que, de ser elegido, iba a ‘poner a los niños primero’ en las prioridades públicas”, menciona el documento del Ministerio de Justicia.
“Este informe posterior de un ente internacional viene en coincidir con los motivos que inspiraron a la gestión del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en priorizar las políticas públicas del Estado hacia la niñez. Por eso, puede afirmarse que se comparte en lo fundamental el diagnóstico del informe”, agrega.
Esto último, añade, “en el sentido de que han existido serios problemas que han golpeado con dureza a la infancia en situación de vulnerabilidad y que esos problemas son, básicamente, producto de acciones y omisiones indebidas y a la escasa prioridad que las políticas públicas asignaron a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo a lo largo de los años, los que han afectado seriamente los derechos de la niñez vulnerable, cuestión que no es aceptable”.
“El diagnóstico del informe no es del todo nuevo para el Estado. En efecto, el país —especialmente a partir de la publicación del informe ‘Jeldres’ en 2013— tenía conocimiento del conjunto de situaciones descritas en el informe del Comité. Prueba de ello es que la propia administración de Michelle Bachelet adoptó medidas en su período recién pasado, y que bajo la nueva administración del Presidente Sebastián Piñera, desde el primer día de su mandato, el 12 de marzo, expresó la urgencia de alcanzar un gran acuerdo nacional en materia de infancia señalando que en nuestro gobierno van a estar los niños primero”, enfatiza el documento.
“Adicionalmente, es importante señalar que muchos de los contenidos de este documento carecen de la debida justificación que su tenor emplea, efectúa generalizaciones sin acompañar los antecedentes correspondientes y comprende décadas de gestión de numerosos gobiernos (y también del Congreso Nacional y de los Tribunales de Justicia) que tuvieron el propósito de mejorar la condición de la niñez, que no se reconocen ni valoran, lo cual obliga a leer su texto con especial cuidado y consideración”, advierte.
También consigna que “en lo que importa, este Informe del Comité de Derechos del Niño viene a reafirmar el diagnóstico que el Estado de Chile, especialmente el actual Gobierno, tiene en relación a la realidad que afecta a los niños, niñas y adolescentes vulnerables de nuestro país”.
“Es por ello que sus recomendaciones se alinean en gran medida con las acciones que se han tomado los últimos años, y particularmente con las políticas y medidas que ha impulsado la actual administración del Presidente Sebastián Piñera, que ha puesto el interés de los niños como la primera prioridad. Este informe, por tanto, se constituye en una nueva voz dentro del llamado a ponerlos a ellos primero”, reitera.
“REFORZAR COMPROMISO CON LA NIÑEZ VULNERADA”
Por ese motivo, señala a continuación, “el Gobierno de Chile toma pie de este nuevo antecedente para reforzar el compromiso de nuestro país con la niñez vulnerada y convoca a todas las instituciones públicas a aunar esfuerzos para trabajar, con la mayor rapidez posible, en la superación de una situación crítica y negativa, apoyando las políticas públicas, cambios legislativos, acciones judiciales y de toda naturaleza orientadas a crear en Chile un nuevo orden de respeto a los derechos y garantías de la infancia, especialmente de quienes han sido vulnerados o de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
“En cuanto al informe mismo y a las acciones a tomar en su mérito, sin perjuicio de las observaciones que pueda merecer en cuanto a su contenido o a la pertinencia de sus juicios y recomendaciones, el Presidente de la República ha encargado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacerse cargo del diagnóstico y propuestas contenidas en el mismo”, informa el documento de respuesta.
“En concreto le ha solicitado que elabore un informe que dé cuenta de las acciones –realizadas, en ejecución o que se implementarán en corto o mediano plazo– que asegurarán el cumplimiento de la totalidad de los objetivos pertinentes señalados en dicho documento, y que permitirán prevenir y erradicar cualquier abuso o maltrato de que pudiera ser víctima nuestra infancia en alguna institución pública o privada nacional y, al mismo tiempo, garantizar el más pleno e irrestricto respeto por los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”, concluye.