Los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama y Jorge Dahm, afirmaron que están aplicando la ley vigente y que no hay abandono de deberes, como argumentan los parlamentarios que están impulsando una acusación constitucional en su contra por conceder libertades condicionales a reos de Punta Peuco.
El Mercurio publica hoy declaraciones de los cinco ministros, comenzando por Dolmestch, presidente de la sala, quien dijo que está dentro de las funciones de los parlamentarios la posibilidad de acusar constitucionalmente, pero frente a eso aseveró que “estamos cumpliendo con la ley. El tema del arrepentimiento no está en la ley”.
Además es partidario de realizar cambios en la legislación: “Siempre es bueno. Todo esto debe arreglarse por la vía legislativa. Yo lo planteé tantas veces cuando era presidente de la Corte Suprema. Hay que aclarar a quiénes le corresponde y a quiénes no”.
Por su parte, Künsemüller, segunda antigüedad de la sala, señaló que los congresistas “están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias”.
Sin embargo, respecto de la posible acusación, advirtió: “No sé en qué consiste el abandono (de deberes). Lo que hacemos es aplicar la ley vigente. El tribunal estima que sí es legal darle la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, si cumplen con los requisitos”.
Valderrama, en tanto, manifestó que es “una facultad que tienen nuestros legisladores”, acerca del anuncio de una acusación, pero “aplicamos lo que el ordenamiento jurídico nos proporciona. Somos jueces y debemos aplicar la ley interpretándola y respetando normas”.
Asimismo, Cisternas, vocero de la Corte Suprema, expresó que “corresponde al funcionamiento de las instituciones establecidas en la Constitución, pero creo que no procede (la acusación) porque no hay abandono de deberes, los ministros resolvieron el asunto en un plazo oportuno. Pensar que debe resolverse de una manera determinada significa forzar el juzgamiento y, en consecuencia, se pierde la independencia”. Recalcó que “sí están cumpliendo con la ley” a la hora de resolver.
Agregó que “el Poder Judicial se ha visto en la obligación de recurrir a los elementos que tiene para fallar. Si lo que se desea es que los condenados por delitos de lesa humanidad, o cualquier otro, no puedan acceder al derecho de libertad condicional, hay que decirlo expresamente y será obedecido de esa forma”.
Finalmente, Dahm dijo que “sí estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Y cada uno interpreta la ley como la entiende, no a su gusto ni capricho, sino como la entiende”.
Además, se mostró partidario de un cambio de ley y enfatizó que “todo el sistema de cumplimiento de pena hay que modernizarlo. Hay delitos que quedaron afuera como el secuestro, que no es exclusivo de los derechos humanos. Se requiere un tratamiento más completo”.