El Consejo de Rectores resolvió entregar los resultados de quienes vía Prueba PSU postulen este año a las 41 universidades suscritas al Sistema Único de Admisión (SUA).
Los 41 planteles del sistema de admisión deberán firmar un convenio que libera de responsabilidades al Cruch y al Demre por eventual uso indebido de esta información.
Durante la mañana de ayer, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, visitó por primera vez el Consejo de Rectores (Cruch).
No solo se trató de una visita protocolar, también traía en su discurso un mensaje directo: “Nosotros, como ministerio, queremos que los postulantes a la PSU puedan hacer este trámite con la mayor información posible, son muchos los que deciden sus opciones después de los puntajes obtenidos, sabiendo las ayudas estudiantiles (que pueden recibir)”.
Con ese énfasis, la secretaria de Estado reiteraba su sugerencia de reconsiderar la medida adoptada por el Cruch.
Una decisión que encontró fuerte resistencia en varias universidades, tanto privadas como públicas, que consideraron que la medida terminaría afectando a los estudiantes, que a partir de ahora no tendrían toda la información necesaria para decidir dónde estudiar y qué beneficios podrían obtener en las distintas casas de estudios.
Una de las razones que habría tenido el Cruch para limitar el acceso de la información eran las constantes filtraciones de la base de datos de los postulantes que, en los últimos años, aparecieron publicadas en varios medios informales. Un hecho que para los rectores y, en especial para el Demre -organismo que administra y procesa los resultados de la PSU-, podría acarrear consecuencias legales.
Pie atrás
En medio de este escenario fue que ayer el Cruch, en sesión ordinaria, decidió dar un paso atrás y revertir la medida, permitiendo así que en diciembre, cuando se desarrolle el proceso de admisión 2019, todos los planteles adscritos al SUA reciban la misma información.
Mediante un comunicado, su vicepresidente, Aldo Valle, señaló que “el Consejo de Rectores hoy (ayer) analizó los nuevos antecedentes que proporcionaron algunas universidades que participan del Sistema Único de Admisión y la División de Educación Superior, y alcanzó un acuerdo que permite cautelar la protección de los datos personales de quienes rinden la PSU y, a la vez, posibilita que las universidades cuenten con información suficiente para ofrecer ayuda y prestar apoyo a estudiantes durante el proceso de postulación y matrícula”.
Esto se traduce en que los planteles accederán al RUT de los postulantes, sus resultados PSU, las notas de enseñanza media (NEM) y su Ranking de Notas, pero sin datos de contacto.
“Con esta alternativa, las 41 universidades que participan en el Sistema Único de Admisión (SUA) podrán cargar las bases en sus respectivos sitios web institucionales y, de esta forma, los estudiantes podrán consultar sus resultados en las páginas de las universidades y éstas podrán brindar apoyo a los estudiantes en el proceso de postulación, como lo han hecho hasta la fecha”, añadió Valle.
Un cambio que se incorporó tiene relación con la responsabilidad sobre el uso de la información. Para evitar filtraciones y velar por el correcto uso de esta base de datos “las 41 instituciones del SUA deberán suscribir un convenio de indemnidad que resguarde al Demre y al Consejo de Rectores por las responsabilidades que se puedan generar ante un eventual uso indebido de las bases de datos que reciben”.
Para Federico Valdés, rector de la U. del Desarrollo y uno de los principales detractores del frustrado cambio de política, señaló que “me parece que la decisión del Cruch es adecuada, porque resuelve los dos grandes problemas que parecían estar en conflicto. Por un lado, se favorece a los alumnos, que es lo más importante, y por otro lado, se salva bien el tema la confidencialidad de los datos”.
Finalmente, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, señaló que “la decisión del Cruch de revertir la restricción de datos PSU es muy positiva. Al permitir el uso de los puntajes, se amplía la información sobre beneficios y becas disponibles para los estudiantes. Al transferir la responsabilidad del buen uso a las universidades, se refuerza la confianza y transparencia del sistema”.