A través de un programa del Consejo para la Transparencia, el organismo asesorará a las comunidades para acceder a información sobre temáticas de índole medioambiental, salud y vivienda, entre otros.
En el marco del Programa de Acompañamiento Ciudadano para Problemáticas Sociales Emergentes del Consejo para la Transparencia (CPLT) y en conjunto con la Universidad Andrés Bello, se inició en agosto de este año un trabajo con cerca de cuarenta organizaciones de la comuna de Quintero para que a través de la ley de Transparencia y acceso a la información puedan afrontar dichos temas.
El proyecto involucra una colaboración entre el CPLT y el Observatorio Regional de Transparencia de la UNAB con miembros de la comunidad que se extenderá hasta octubre, y que se espera cuente con la participación de diversas instancias locales de representación. Entre ellas ONG’s, Fundaciones, Juntas de Vecinos, Centro de Padres/madres y apoderados/as, sindicatos de pescadores, clubes de adultos mayores, entre otras organizaciones.
La finalidad del programa, que involucra la realización de una serie de talleres de trabajo con la ciudadanía, es apoyar a los habitantes de la zona para que puedan ejercer el derecho a la información y activar derechos sociales, además de facilitar la posterior y autónoma canalización de los requerimientos de la gente.
En el caso de Quintero la fase de diagnóstico y levantamiento de necesidades de información de sus habitantes se inició a mediados de agosto, y el acompañamiento se extenderá hasta el mes de octubre.
“En este caso nos enfocamos en derechos asociados al acceso a información de carácter medioambiental, pero también apoyamos a las comunidades para acceder a información asociada a vivienda, salud u otros temas que son demandas muy sentidas por parte de cualquier comunidad”, precisó el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.
Con anterioridad el CPLT trabajó con representantes de localidades que han tenido que enfrentar temas medio ambientales derivados de emergencias. Fue el caso del proyecto en la localidad del Sauzal en la comuna de Cauquenes, VII región.
La iniciativa se implementó en 2017, tras los incendios forestales ocurridos a principios de ese año e involucró el seguimiento y apoyo del Consejo para que sus habitantes pudiesen ejercer un control ciudadano sobre las acciones de las autoridades, particularmente los municipios.