El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago e intentar revertir el fallo del Noveno Juzgado Civil de Santiago que favoreció a “Los 33”.
En primera instancia, ese tribunal el 24 de agosto pasado decidió entregarle una indemnización de $ 2.480 millones a 31 de los 33 mineros atrapados el 5 de agosto de 2010 en la mina San José, ubicada cerca de Copiapó.
Los trabajadores estuvieron casi tres meses bajo tierra esperando ser rescatados, luego de un derrumbe que tuvo al país -y a la prensa internacional- pendiente.
Según informó el Poder Judicial, “la magistrada Lidia Poza estableció la responsabilidad del Estado, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización de la Empresa Minera San Esteban Primera S.A., dueña del yacimiento donde, producto de un derrumbe, quedaron atrapados los trabajadores”.
Con la resolución judicial, cada uno recibiría cerca de $ 80 millones.
En este contexto, los integrantes del Comité Contencioso Administrativo del CDE, Rodrigo Quintana, Ana María Hubner y Raúl Letelier, organismo que fue notificado de la decisión del tribunal el 29 de agosto pasado, ya tomaron la decisión de presentar un recurso de apelación para evitar esta situación de pago.
En el documento, el organismo persistirá en defender su tesis que expuso en la contestación de la demanda de indemnización de perjuicios: que el Estado no tendría responsabilidad, porque quien la tiene es la empresa.
Además, se plantearía que el Estado fiscaliza miles de empresas y no puede responder por los daños que cada una de esas compañías genera, por el hecho de que se le atribuya un problema de fiscalización. Eso, según esta argumentación, significaría trasladarle al Estado los efectos de lo que todos los particulares realicen en sus propios negocios.
Otro recurso que podría presentar el organismo es el de casación, documento que solo se puede interponer si se detecta un error que amerita la nulidad del fallo, no en relación a los fundamentos, sino que en la forma.
Desde el CDE informaron que “efectivamente el CDE se encuentra estudiando el fallo, de modo de determinar los recursos que proceden”.
El abogado que representó a los mineros en la demanda, Jorge Ríos, señaló que era “esperable” y no les “sorprende” que el CDE presentara un recurso de apelación. En ese sentido, dijo que “generalmente, el Consejo de Defensa del Estado ejerce estas acciones cuando tiene una sentencia condenatoria”. Añadió que el organismo “está ejerciendo los derechos que le faculta la ley”.
No obstante, indicó Ríos, “el juzgado fue categórico y concluyente respecto de la responsabilidad del Estado, estableciendo la falta de servicio de los órganos públicos, como el Sernageomin, la Seremi de Salud y la Dirección del Trabajo, en forma categórica y aplastante”.
Agregó que en la sentencia de más de 600 páginas “se establecen todas y cada una de las responsabilidades que les correspondían y que fueron incumplidas. Tenemos en consideración que la sentencia es bastante sólida en cuanto a sus fundamentos”.
A raíz del anuncio del pago de indemnización, uno de los mineros que no recibirá el millonario monto, porque no participó en la demanda, Juan Illanes (60), señaló que la decisión de la justicia “es sorprendente por el tiempo que ha pasado”, pero que no le afecta no haber obtenido un rédito económico. “Si yo tomé una decisión, debo hacerme responsable de mis propias decisiones, ya soy lo bastante viejo para eso”, indicó.