El Colegio de Matronas y Matrones de Chile advirtió este mediodía de una inminente crisis en la salud pública del país, al momento que el Ministerio de Salud decida aplicar el dictamen de la Contraloría, que este año determinó dejar sin efecto la llamada Norma 21, dictada por la autoridad y que regula la labor de la matronería en las unidades de Obstetricia, Ginecología y Neonatología.
Lo anterior, tras la realización de un Consejo Nacional extraordinario, donde participaron dirigentes de diversas regiones del país, quienes analizaron los distintos escenarios judiciales y administrativos, pero sobre todo las consecuencias que tendrá para la salud de la población el que las matronas y matrones de todo el país se resten de sus funciones habituales.
En efecto, como se recordará, el contralor Jorge Bermúdez estableció que el Minsal no está facultado para definir técnicamente el rol de matronas y matrones, y fijó que cualquier profesional de la salud pueda trabajar en las áreas ya mencionadas, en particular con pacientes que presentan alguna patología.
Lo anterior, implica que la matronería quede fuera de la atención de mujeres en consultorios, en urgencias, en guías GES (por ejemplo cáncer de mama o cáncer cérvico uterino) o incluso no se podría extender licencias médicas, labor que autorizó la propia Contraloría.
La presidenta nacional de la orden gremial, Anita Román, sostuvo que “hemos sabido de gestiones que pretende hacer el Ministerio de Salud para aplicar el dictamen de Contraloría, aunque el plazo determinado vence en octubre”.
“Desde ya le advertimos al ministro Emilio Santelices que al minuto uno, después de aplicado el dictamen, nuestras matronas y matrones dejan sus funciones en Ginecología, Obstetricia y Neonatología de consultorios y hospitales públicos de Arica a Magallanes, pues no nos vamos a arriesgar a que se nos acuse de estar ejerciendo en ilegalidad”, agregó.
“Sin duda esto va contra toda lógica y sentido común, pues tampoco podremos ver situaciones que son habituales hoy en nuestra profesión, como la prevención de la transmisión vertical del VIH y sífilis; prevención, diagnóstico y tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o incluso la atención de víctimas de violencia sexual”, aseguró además la dirigente.
Román concluyó que “los efectos de eso son impredecibles, y ponen en serio riesgo a mujeres y sus hijos e hijas, pues deberán capacitar a otros profesionales de la salud para atender los casos patológicos. Si esto produce secuelas o incluso casos fatales, deberán asumir su responsabilidad los que tomaron esta decisión, no nuestro gremio. Eso es lo que pretende la Contraloría y lo que estaría aceptando el Gobierno”.