Representantes de diversas organizaciones sociales y ambientales, agrupados en la Coordinadora Despierta Mejillones, y la diputada Catalina Pérez (RD) entregaron a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, los informes científicos que avalarían sus exigencias para que la ciudad deje de ser una zona de sacrificio ambiental y sea declarada zona saturada.
La parlamentaria, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, enfatizó que “en el último año ha habido al menos tres eventos contaminantes graves de los que apenas los medios han hecho eco, mientras las autoridades regionales mantienen un silencio cómplice en relación a las 33 empresas contaminantes que ocupan el paño industrial de Mejillones”.
Afirmó que la actividad industrial en la bahía “ha arrasado con el ecosistema costero, quitándole su fuente de trabajo a pescadores y buzos, afectando en la salud de las personas, la habitabilidad de la ciudad, la educación de los niños, niñas y jóvenes del lugar y eso no puede seguir pasando. Hay que detener la instalación de empresas contaminantes en la zona y comenzar a mitigar los daños provocados por las industrias”.
Recordó que en Mejillones se emplazan 33 industrias que prestan servicios a la minería, junto con 8 termoeléctricas a carbón y 6 a ciclo combinado, además de la planta de explosivos más grande del mundo perteneciente a Enaex, entre otras industrias altamente contaminantes.
La diputada añadió que “lo de Mejillones no es un caso aislado. Aquí, el tema de fondo es que nuestro país tiene numerosas zonas de sacrificio perfectamente identificadas, entre ellas Mejillones y Tocopilla en la región que represento, y el Estado ha sido un ente débil y negligente no solo en la prevención de estos eventos, sino que también en la mitigación de los daños producidos por la contaminación”.
“Por eso debemos ser enfáticos: no queremos más Mejillones, no queremos más Quintero-Puchuncaví, no queremos más Coronel… Es así de simple, y llamo al Gobierno a trabajar de cara a la ciudadanía, porque mientras en el Congreso estamos dando señales clara de unidad para mejorar la normativa ambiental, potenciar la participación ciudadana y defender los derechos de la comunidad, no hemos encontrado hasta ahora respuestas sólidas por parte del Ejecutivo para trabajar en conjunto en la defensa de los derechos de las personas y la protección de los territorios”, concluyó.