HANS SCOTT / AGENCIAUNO
Comparte

La gerente de la División de Atención a Víctimas de la Fiscalía Nacional, Erika Maira, explicó que no existen 378 cadáveres en el Servicio Médico Legal(SML) que se encuentren identificados y no hayan sido entregados a sus familiares, luego de que resultados de las pruebas de ADN comprobaran que los restos que estuvieron durante tres años en la sede de Concepción corresponden a Sergio Mardoff Peirano.

La autoridad detalló que el SML tiene un registro de personas desaparecidas NN, que ingresaron al servicio y no se pudieron identificar entre los años 1960 a 2005, hasta tanto no se adquirió un equipo sofisticado que permite comparar los registros de ADN con los de familiares.

“Se identificaron desde ahí(2005), a raíz de la nueva tecnología disponible en el servicio del Registro Civil, a 378 personas cuyos cadáveres se encuentran inhumados en el Cementerio General, a raíz de los protocolos que existen cuando hay personas NN que no han sido reclamadas por ningún pariente”, afirmó Maira

La directora de la unidad pidió tranquilidad a las familias que guardan esperanzas en un posible hallazgo de sus seres queridos.

Respecto al caso del joven universitario que desapareció en el año 2005, explicó que el registro de ADN no existía en ese momento, por lo cual no pudo verificarse su identidad a tiempo.

En este caso, aseveró que solo seis cuerpos tenían relación con los casos tramitados por la Fiscalía. que las familias fueron notificadas

“Esos casos fueron debidamente identificados e informado a las autoridades”, precisó.

Indicó que en este momento se están llamando a una reunión interinstitucional para agilizar la tramitación del registro ante posibles nuevos hallazgos de cadáveres.

El trabajo de la mesa comenzaría a partir de la próxima semana.

en y luego de una denuncia anónima su familia se enteró que sus restos estaban hace tres años en el SML.

Tras la identificación de Sergio Mardoff Peirano, los abogados de la familia anunciaron que solicitarían algunas medidas, entre ellas la solicitud de suspensión de los fiscales directa e indirectamente involucrados en el caso, es decir, Sandra Véjar, la persecutora a cargo del caso y que pidió el sobreseimiento, y el ex fiscal regional del Biobío, actualmente titular del Ministerio Público en Maule.

Asimismo, solicitaron que se desarchive la causa para comenzar una investigación, encontrar presuntos delitos y que no puedan prescribir.

A raíz del descubrimiento, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, solicitó un informe al director (s) del SML Gabriel Zamora para obtener una cifra oficial a nivel nacional.

Últimas Noticias