En dos meses más debería estar en el Congreso un proyecto de ley que buscará el fortalecimiento de la probidad y transparencia de los gobiernos municipales y regionales, endureciendo las medidas anticorrupción.
La iniciativa se enmarca dentro de la agenda de integridad pública impulsada por el Gobierno, como las ya conocidas normas sobre regulación de notarios y la transformación digital.
” (…) Es momento de avanzar en normas más exigentes, que aseguren que las decisiones que se toman en el nivel municipal o regional van a estar siempre orientadas al interés general y no al interés particular”, explicó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en entrevista a El Mercurio.
Según se reveló, serán 11 las medidas a presentar, donde se destaca el de regular las contrataciones de personal y de bienes y servicios en períodos electorales, así como el establecimiento de un sistema de alta dirección pública para los servicios afectos a la futura norma. También se propenderá el estructurar un catálogo de sanciones ante el uso de recursos públicos en fines distintos de los previstos en la ley.
Otros aspectos tienen que ver con el de robustecer los mecanismos de rendición de cuentas e incluir nuevas responsabilidades y obligaciones de transparencia fiscal, entre otras consideraciones.