SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO
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Un capitán del Ejército asegura que al interior de la institución hay “una red de protección para la corrupción” según informa el diario “La Tercera” al acceder a un recurso que interpuso porque reclama que no es ascendido por “denunciar eventuales delitos”.

Se trata del capitán Rafael Harvey Valdés, de 38 años, quien acusa un verdadero estancamiento en su carrera, por querer hacer cumplir el artículo 131 del Código de Justicia Militar, empleados públicos y los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan “conocimiento de haberse cometido un delito comprometido en la jurisdicción militar” están obligados a denunciarlo.

Harvey, según el matutino, a presentado una serie de acciones que ha presentado en tribunales, buscando que quienes denuncien hechos de corrupción al interior de la institución cuenten con la debida protección, pues él, ya está al borde “de la baja”.

Pese a que por estos días está en manos del ministro Alberto Espina firmar su baja de las filas de la institución castrense, Harvey se ha jugado la que sea, quizás, la última de sus cartas como capitán de Ejército para terminar con los “secretismos y con la cultura del encubrimiento”.

El pasado 25 de octubre interpuso un recurso de protección en contra de la Junta de Apelaciones de Oficiales del Ejército de Chile y el general de brigada Germán Daniel Marx González, comandante de Personal.

Como da cuenta en el documento de 54 páginas, habría un actuar ilegal y arbitrario en dicha instancia de evaluación, por cuanto se ha favorecido a algunos funcionarios, a pesar de que existan investigaciones en su contra, en desmedro de quienes denuncian. Señala, además, que el propio Marx González “estando en pleno conocimiento que dos oficiales y un clase estaban procesados por fraude al Fisco, favoreció la promoción y ascenso de estos al grado superior, en un acto contra ley”.

Al ser consultado Marx por esta situación por el general de división Miguel Alfonso Bellet, y sobre las razones para negar el ascenso a Harvey (quien fue el único de 140 funcionarios que mantuvo el rango), no habría entregado respuestas ni explicaciones.

A 40 días de haber sido interpelado, de acuerdo a la versión del recurrente, explicó que este no podía ascender “paradójicamente, aduciendo justamente que por los mismos motivos legales que no fueron observados en los tres casos señalados”, pues se encuentra procesado por sedición impropia.

Haciéndose cargo de aquello, considera que el delito de sedición por el cual se le procesó, y por el cual estuvo en prisión preventiva 3 semanas y arriesga 7 años de presidio, no sería tal. Indica que se abrió la causa solo por instar a soldados conscriptos que habían presenciado ilícitos al interior de la institución a hablar.

Para el capitán hay una verdadera red de protección, donde se discrimina descaradamente a quienes denuncian, ya que todos los altos mandos, de acuerdo a su versión, están en conocimiento de esto, pero no toman medida alguna.

“La denegación de ascenso al suscrito contenida en dicho oficio, aun cumpliendo todos los requisitos, en desmedro de los casos documentados de personal de oficiales y suboficiales que han defraudado al Fisco en altas sumas de dinero, constituyéndose en un requisito de ascenso dicha defraudación por sobre quienes cumplen con el deber de denunciar“, versa el recurso.

Estas situaciones, que incluso dice haber puesto en conocimiento del Comandante en Jefe del Ejército en una reunión celebrada el pasado 12 de septiembre, para él, develan una eventual “red de protección a la corrupción que engaña a la autoridad Presidencial, ascendiendo a quienes defraudan al Fisco y no cumplen las exigencias legales”.

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