Paul Plaza/Aton Chile
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La Contraloría General de la República (CGR) detectó diversas irregularidades vinculadas al proceso de adquisiciones que realizó el Instituto de Salud Pública (ISP) en 2017.

El informe final indica, entre otras anomalías, la recepción de bienes sin órdenes de compra, la inexistencia de sanciones a proveedores que no cumplieron con lo pactado y falta de control de los bienes en el mencionado servicio.

La auditoría detalla que en tres ocasiones, el ISP recibió bienes y sus respectivas facturas por $ 28.135.910 antes de emitir la orden de compra correspondiente que, en total, fue por $ 84.025.129.

Enfatiza el informe que el contrato entre el ISP y el proveedor establecía que el envío de bienes sólo debía llevarse a cabo una vez que el acuerdo estuviera completamente tramitado, lo que, en efecto, no ocurrió.

También se determinó que en tres casos, el ISP dejó sin sanción a proveedores que no entregaron sus productos en los tiempos programados.

En su respuesta, el servicio informó que en julio y agosto de 2018 se emitieron resoluciones con las cuales se aprobaron las correspondientes sanciones, por un total de $ 14.878.951.

No obstante, la CGR indicó que esto debe ser acreditado documentadamente en 60 días hábiles a contar de la recepción del informe.

Además, la fiscalización advirtió que no existe un registro integrado para el total de los bienes almacenados en las bodegas del ISP.

En este proceso -se añade- se utilizan planillas Excel confeccionadas de forma independiente, sin contar con el resguardo y protección que eviten la pérdida de antecedentes.

Lo anterior ocasiona que el Subdepartamento de Abastecimiento del ISP no cuente con el detalle de los stocks finales y, por lo tanto, sólo establezca montos estimados.

Igualmente, en las validaciones del inventario efectuadas por la CGR a una muestra de reactivos almacenados en las secciones SIDA e Histocompatibilidad, se comprobó faltantes por $19.422.968 y excedentes por $145.111.054, respectivamente.

Por ello, la Contraloría instruyó al ISP acreditar la regularización de este hecho o efectuar el reintegro correspondiente. En caso de no producirse, la Contraloría iniciará un reparo.

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