El ministerio de Salud informó que tomará acciones legales penales y civiles en contra de los laboratorios que se coludieron para aumentar los precios de licitación de insumos médicos, conocido como “el cartel de las ampollas”.
La semana pasada, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a los laboratorios Fresenius Kabi Chile Limitada, Biosano S.A. y Sanderson S.A por acordar un acuerdo para afectar el resultado de los procesos de licitación pública convocados por la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud para la adquisición de medicamentos inyectables genéricos contenidos en envases de menor volumen, también llamados “ampollas”.
Por lo mismo, el Ministerio de Salud declaró que se ofició al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Nacional Económica para ejercer acciones penales y civiles por el daño ocasionado a Cenabast.
La secretaría de Estado agregó que se oficiará al Servicio Nacional del Consumidor para buscar medidas conjuntas para presentar una demanda civil por indemnización de perjuicios por el daño ocasionado a los pacientes.
Recordemos que el TDLC aplicó una multa de 30.000 Unidades Tributarias Anuales (US$ 25,6 millones) a Laboratorio Sanderson S.A. y de 2.463 UTA (US$ 2,1 millone) a Fresenius Kabi Chile Ltda., ambas equivalente al doble del beneficio económico promedio que obtuvieron producto de la colusión, multas ejemplificadoras que van en el sentido correcto de resguardar la libre competencia y las buenas prácticas comerciales.
En el mismo comunicado, el MINSAL informa que el ministro Emilio Santelices señaló que hubo “una colusión durante catorce años entre 1999 y 2013, al Ministerio de Salud le parece que estamos en presencia de una acción de la máxima gravedad. A partir de lo anterior es posible desprender que fueron desperdiciados recursos públicos destinados a curar, sanar enfermos y salvar vidas. Ello nos lleva solicitar acciones legales por causa penal, a objeto de que los responsables reciban penas de cárcel. Por eso, oficiaremos al Fiscal Nacional Económico y también al Consejo de Defesa del Estado, para que los autores materiales e intelectuales de estos hechos paguen por los delitos cometidos, que según nuestras estimaciones representan una pérdida para el Estado por sobre los 80 millones de dólares” puntualizó.