Ramon Monroy/AtonChile
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Después de más de dos años de prisión preventiva, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revocó la medida cautelar que afectaba al contador auditor Eduardo Pardo, ante la reiterada negativa de Gendarmería de facilitarle el acceso a la carpeta de investigación de la causa seguida en su contra, en el marco del caso Fraude en Carabineros.

El defensor público Roberto Náquira explicó que su representado sólo podía conocer los antecedentes de su causa a través de un computador, ya que era inviable llevarle la carpeta física, dado que consta de varias decenas de tomos.

La jueza Marcia Figueroa tomó esta resolución en una audiencia de cautela de garantía solicitada por Náquira, quien argumentó que, a pesar de que en mayo pasado el tribunal ordenó a Gendarmería que facilitara a su defendido un computador sin acceso a internet, el personal del penal Santiago 1 no había cumplido con la instrucción judicial.

La magistrada emplazó al abogado de Gendarmería presente en la sala, tanto por este incumplimiento como por el hecho de que esa institución tampoco había informado su negativa al tribunal. El profesional explicó que ese recinto carcelario no tenía un computador ni funcionarios disponibles para acompañar al interno durante la revisión.

La jueza Figueroa dio al abogado la posibilidad de que hiciera las consultas a la jefatura de Santiago 1, pero no hubo solución. En este escenario, el defensor público argumentó que dada la situación de infracción de garantías en que estaba su defendido y que, por lo visto en audiencia, no se veía posibilidad de solución, solicitaba al tribunal la revocación de la prisión preventiva de su defendido.

La magistrada acogió la solicitud de la defensa y revocó la medida cautelar, que ya se extendía por 25 meses. En su lugar decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional, aunque la fiscalía tiene cinco días para apelar la decisión.

El Ministerio Público imputa a Eduardo Pardo que, como ex contador del Departamento de Finanzas de Carabineros, fue parte del mecanismo de defraudación de fondos públicos que, según cálculos oficiales, supera los 28 mil millones de pesos. Le imputa directamente haberse apropiado de 139 millones de pesos.

CL/Aton Chile

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