La crisis por diez días que vivió Osorno por la falta de suministro de agua potable, dejó al descubierto la precariedad con que trabaja la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que es la encargada de velar por la cantidad, calidad y continuidad del agua potable.
Según datos dados a conocer por El Mercurio, el número de de clientes de servicios sanitarios llega a los 5,2 millones, la SISS tiene sólo 30 fiscalizadores en el país.
“Menos de 3 por región”, según señaló esta semana el titular del MOP, Alfredo Moreno. Por lo que el exsubsecretario de de Obras Públicas (MOP) Sergio Galilea llamo a duplicar los profesionales con que cuenta la SISS.
Como muestras del problema, las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos, Aysén y Magallanes tienen un equipo formado por apenas un fiscalizador.
En el país existen 241 plantas de agua de empresas sanitarias, pero además la SISS debe fiscalizar sistemas administrados por municipios, por lo que suman 385.
“Nos faltan recursos y atribuciones. Tenemos menos de tres fiscalizadores en regiones grandes. Y es imposible pensar en una fiscalización efectiva en todo momento, en regiones que tienen 30 sistemas, 20 sistemas, y con dos o tres personas, es imposible”, reconoció al matutino el superintendente (s) de la SISS, Jorge Rivas.
Por lo que la SISS debe suplir sus carencias apoyándose en las propias concesionarias.
“Tenemos que contemplar autocontroles, que hacen las empresas sanitarias y que nosotros auditamos, porque no podemos siempre estar ahí”, explicó Rivas.
Basado en la confianza, reconoce que cuando hay desviaciones se sanciona, pero no es tan sencillo, “porque para determinar cuánta agua da una fuente debiera estar varios días, es una fiscalización permanente para controlar caudales, pero no tenemos recursos para hacer algo así”.
Según señaló el senador por Osorno, Rabindranath Quinteros, se necesita “fiscalización en terreno y no informes desde un escritorio”. Algo que parece evidente, pero no lo es, ya que según palabras de Jorge Rivas, muchos fiscalizadores sólo tienen un vehículo para movilizarse, los que “no funcionan bien. Y tenemos limitaciones de recursos y también de atribuciones”.
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