La Sede Regional de La Araucanía interpuso un recurso de amparo preventivo en favor de siete personas en situación de discapacidad, afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos mientras participaban de manera pacífica en manifestaciones en el centro de Temuco el 28 de octubre pasado.
Las personas, pertenecientes a un colectivo de personas en situación de discapacidad -de diversos tipos y grados- fueron objeto del lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de un vehículo policial de carabineros, el cual, conforme a los testimonios recogidos por el INDH, disparó gas directamente hacia todas las quienes se encontraban en la acera.
Entre los amparados hay dos personas en silla de ruedas, una persona ciega, dos personas con trastorno del espectro autista y dos con movilidad reducida, quienes sufrieron de manera inmediata los efectos físicos, psicológicos y emocionales. Incluso algunos continúan con estrés post traumático debido a la violenta experiencia ocasionada por efectivos policiales.
El jefe de la Sede Regional del INDH, Federico Aguirre, sostuvo “que las conductas desplegadas por los funcionarios de carabineros, dan cuenta de un uso excesivo y desproporcionado del uso de gases lacrimógenos que no puede ser tolerado”.
Aguirre agregó que en este caso “se han excedido con creces los márgenes de la legalidad y razonabilidad en cuanto al uso de la fuerza, valiéndose de actos de amedrentamiento y violencia física, material y simbólica, cuyos efectos en la integridad personal de las personas en situación de discapacidad resulta patente, sobre todo considerando que requieren especial protección por parte de los agentes del Estado”.
Enfatizó que “gasear a personas con discapacidad, sin que nada lo justifique, ni una circunstancia de peligro para los funcionarios o terceros, o la hipótesis de flagrancia, convierte el actuar policial descrito en ilegal y arbitrario, lo que debe ser enmendado y prevenido por medio de la intervención de los tribunales de justicia”.
El amparo interpuesto por la Sede Regional en La Araucanía se suma a otras dos acciones constitucionales de tutela de derechos fundamentales y a 75 querellas criminales, que buscan determinar la responsabilidad penal por diversas lesiones ocasionadas fundamentalmente por el uso desproporcionado de la escopeta anti disturbios y el uso de lacrimógenas, en el contexto de las movilizaciones.
Agencia UNO.