Jorge Jaraquemada, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) criticó la denominada agenda de Trato Justo, Dignidad y Anti Abusos presentada por el Ejecutivo a principios de diciembre, junto con alertar que no ataca instituciones o actores en que la población tiene una percepción de ser privilegiados. En específico, afirmó que es una iniciativa que “llega tarde” y que sólo se hace cargo de una parte del problema.
Lo anterior, explicó el titular de Transparencia, tras el estallido social el Gobierno tomó la decisión de levantar una agenda “antiabusos” focalizada en ciertos temas, lo que pese a calificarlo de un avance “no ataca a instituciones respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados”, entre los que menciona al Congreso Nacional o empresas públicas.
Jaraquemada desglosó algunas medidas que, a su juicio, permitirán fiscalizar y regular algunos aspectos al Parlamento. “Si bien ha hecho avances en probidad y transparencia, está al debe en cuestiones que son básicas para evitar el conflicto de interés”.
Asimismo, menciona a las empresas públicas como un actor que debe avanzar y ampliar sus obligaciones en materia de transparencia, por lo que se propone un modelo de sistema de integridad más amplio que someta a sus directivos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y a la Ley del Lobby, relativas al registro de audiencias, donativos y viajes.
En otras instancias, el titular de Transparencia ha planteado que a partir de mayo de 2019 socializó con el Gobierno y otros poderes del Estado una propuesta en la que se plantearon más de 40 medidas anticorrupción y pro transparencia en ocho ámbitos distintos, las que apuntaban a reducir espacios de corrupción y faltas a la probidad funcionaria, sin embargo, existían otras prioridades.
La agenda que socializó el CPLT previo a la crisis social también incluye al sector privado. En este ámbito, pese a evaluar positivamente las propuestas del Ejecutivo en cuanto a los delitos de colusión y al aumento de responsabilidades penales, el presidente del Consejo afirma que el debiera ampliarse el foco y aumentar las sanciones para las personas naturales que hayan participado en actos contrarios a la probidad o la libre competencia: uno, que sean eliminar de los registros de proveedores y que por ende no puedan volver a suscribir contratos con el Estado y dos, que se les inhabilite para ejercer cargos públicos.
ATON Chile.