La Superintedencia de Salud, a través de un ofició, instruyó a todas las isapres a pagar las licencias rechazadas por la Covid-19. Más del 30% de estos permisos no fueron admitidos o reducido en su vigencia por el concepto de aislamiento o contacto estrecho con un contagiado.
En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, dijo que esto “es una situación que nos parecía inaceptable, porque estamos hablando de razones de salud pública”.
Según la autoridad fiscalizadora, es la propia isapre quien debe avisar al afiliado y revertir la situación. Si esto no se cumple, se puede hacer una denuncia a través del organismo.
“En el sistema de isapre siempre ha existido un rechazo más alto que en el sistema de salud público, porque las isapres tienen acceso a un sistema de contraloría médica donde hacen todo un análisis de las licencias médicas, además no es descartable que tengan una política restrictiva al interior con respecto a la aprobación o reducción de licencias”, explicó.
Pero, ¿por qué ocurrieron estos rechazos en estos casos? En la primera fase de la pandemia, cuando solo habían casos importados no hubo problemas, porque las licencias médicas fueron emitidas por los médicos de la Compin. “Hasta ahí no hubo problemas, pero cuando fuimos avanzando en la fase de epidemia y fuimos perdiendo trazabilidad de los casos, el tema de licencias aumentó y ya tenían casos de contactos estrechos locacles, lo que fue generando esta necesidad de licencias”.
Al no haber una normativa que contemple las licencias preventivas, las isapres pudieron haber usado esto para no admitir los documentos. Pero la superintendencia dice que “en ningún caso puede usarse una razón adminitrativa para negar la procedencia de una licencia médica, eso está prohibido”.
“Más allá del costo que va a tener esto para las isapres, nos parece que es lo mínimo que debe ocurrir es cubrir una licencia médica por una razón de salud publica (…) todos tienen que estar a la altura. Aquí la pandemia y el estado de catástrofe no está decretado por un terremoto o incendio, sino que salud pública, por lo tanto, lo menos que uno espera es que las aseguradoras, que aseguran salud, cumplan con este rol“, concluyó.