La Fiscalía de Arica dirigió este lunes diversas diligencias investigativas, en el marco de la investigación penal que busca establecer si existieron eventuales hechos constitutivos de delitos en la adquisición de canastas de alimentos, mediante un contrato entre la Intendencia y un proveedor, vía trato directo.
Parte de dichas diligencias se llevaron a cabo en dependencias del Gobierno Regional y desde domicilios particulares, ejecutadas por personal de la PDI.
La Fiscalía Local abrió esta indagatoria, el pasado 18 de junio, luego de analizar los antecedentes derivados por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota.
Según información de Emol, el órgano de control declaró ilegal la compra de 22.500 cajas tras constatar que la empresa en cuestión, Tobar y Tobar Limitada, no tiene que ver con el rubro de alimentos, dado que el objeto social de esa compañía está dirigido a actividades de asesoría empresarial y jurídica, intermediación financiera, fabricación y reparación de componentes electrónicos y de iluminación, reciclaje de desperdicios y venta de artículos usados.