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Agencia Uno
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La Contraloría General de la República detectó irregularidades y falta de respaldo de operaciones contables de Dipreca, por $8.972.906.986, además de cargos bancarios sin aclarar por $2.428.816.539, entre otras falencias, remitiendo un informe al Ministerio Público.

De acuerdo al documento del ente contralor “la fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a la situación financiera-presupuestaria y desarrollar un análisis contable de activos y pasivos a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), con la finalidad de revisar si el servicio mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles que administra”.

En este sentido, agrega que “se verificó que la Dipreca mantiene el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), no obstante, no emplea dicho sistema informático para registrar las transacciones económicas y financieras que se producen diariamente en la organización, toda vez que para ello utiliza el sistema de contabilidad denominado “INFOCHI”1, limitándose a registrar, en forma manual y agregada en el SIGFE, el total de los movimientos contables de un periodo determinado, a partir de la información suministrada por el “INFOCHI””.

“De lo anterior, se observó que los balances de comprobación y de saldos, al 31 de diciembre de 2018, emitidos por los sistemas antes citados, “SIGFE” e “INFOCHI”, no son coincidentes, detectándose diferencias en cuentas contables y montos de hasta$ 20.270.511.399, entre ambos”, explica.

“También se detectó que la DIPRECA no utiliza en el sistema lNFOCHI el plan de cuentas aprobado por esta Contraloría General de la República, en la resolución Nº 16, de 2015, de este origen, para el registro secuencial de las transacciones, advirtiéndose que la entidad auditada continúa utilizando la normativa y procedimientos contable impartidos por este Organismo de Control, en los oficios Nºs 6.856, de 1992 y 356, de 1993, los cuales ya no se encuentran vigentes”, agrega.

Al respecto, la entidad previsional “deberá elaborar un informe técnico documentado que identifique las operaciones que dieron origen a las partidas no conciliadas y observadas, proponiendo los ajustes correspondientes a fin de que los recursos disponibles que la entidad mantiene en cuentas corrientes se encuentren adecuadamente reflejados en los registros contables asociadas a estas. Lo anterior deberá ser remitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles y mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”.

Además, se analizaron conciliaciones bancarias, al 31 de diciembre de 2018, obtenidas del sistema contable INFOCHI, advirtiendo que “estas incluyen partidas sin conciliar por un total de $11.994.110.276 (más de US$16 millones), del cual $6.717.205.559, equivalente al 56%, proviene de anualidades anteriores al 2018”.

“En relación a la falta de documentación que justifique los desembolsos, es este organismo de control remitirá una copia de este informe final al Ministerio Público, para su conocimiento y fines a que haya lugar, ello sin perjuicio de que la entidad previsional deberá remitir a este organismo de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles”, explica Contraloría.

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