El diputado Andrés Celis, representante del distrito 7, envió un oficio de fiscalización al Ministerio de Vivienda, a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y al Serviu, para conocer los avances reales en pos de solucionar los problemas derivados de la construcción del proyecto habitacional Mirador I y II, también conocido como “El Faro” de San Antonio.
Recordemos que en abril del 2018, el parlamentario de Renovación Nacional presentó una denuncia ante Contraloría, junto a representantes de las familias afectadas por los retrasos de las obras. En enero 2019, se conoció la investigación del ente contralor, que dejó al descubierto más de 120 millones de pesos mal pagados por esta institución, además de tratos directos sin justificación adecuada de causal y contratos con empresas no inscritas en el Registro Nacional de Consultores.
En ese entonces, la Contraloría ordenó que el Serviu debía realizar acciones concretas: Un juicio de cuentas, sumario administrativo, una serie de instructivos y medidas para que la situación no volviera a ocurrir, entre otros. A todo lo anterior, se sumó la arista penal por una denuncia realizada por los propios afectados.
Fue un periplo que duró cerca de 10 años y que debía terminar en 2019, cuando las viviendas fueron entregadas. Sin embargo, a menos de dos años que las familias recibieran las llaves, comenzaron a denunciar deficiencias estructurales y de habitabilidad.
Lo anterior fue corroborado por el diputado Andrés Celis Montt, quien visitó los edificios junto al concejal Marcelo Muñoz: “ Oficié a Minvu, a la Subsecretaría de la Vivienda y al Serviu, pidiendo que me informen cuándo iniciarán y si cuentan con presupuesto estimado y aprobado para la licitación del Estudio de Estructura que deben realizar en el edificio. Además, espero saber la situación actual de las obras de reparación, qué empresa se contrató y el plazo que tienen para esto, lo que me preocupa es que claramente los recursos no fueron suficientes para solucionar todos los problemas que tienen los departamentos”.
“Esta situación es increíble; las familias esperaron más de 10 años y ahora, cuando finalmente logran tener sus viviendas, éstas no están en las condiciones que deberían.
Lamentablemente, hablamos de grupos familiares que han sido vulnerados en sus derechos de manera constante en este caso y aquello debe ser reparado por el Estado. No podemos quedarnos de brazos cruzados, la administración debe hacer todo lo que esté a su alcance para la pronta solución de los vecinos, que lo único que quieren es una vivienda digna”.”, finalizó el parlamentario.