La Fiscalía solicitó ocho de años para Roberto Campos, imputado por el delito de daños agravados contra la estación San Joaquín del Metro.
El hecho ocurrió el 17 de octubre de 2019, un día antes de lo que desembocara en el estallido social.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, citada por La Tercera, el profesor de matemáticas “en compañía de a lo menos otros seis sujetos, procedió a incitar y promover por medio de gritos, aplausos y ademanes realizados con sus brazos a un grupo de personas de número indeterminado que lo observaban a romper torniquetes de control de acceso y aparatos sensores validadores de tarjetas de prepago del transporte de nombre “BIP”, ubicados en dicha estación”.
Los ocho años de pena que se piden se desagregan en 5 años de presidio menor en su grado máximo por la Ley de Seguridad del Estado y 3 años de presidio menor en su grado mínimo más una multa de 11 UTM por el delito de daños agravados.
La audiencia de preparación del juicio oral del caso se fijó para el 11 de mayo.
La Defensoría Penal Pública anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para solicitar que se declare inaplicable la Ley de Seguridad del Estado “porque tiene problemas de carácter democrático y porque no describe suficientemente las conductas por las cuales las personas puedan ser juzgadas bajo esa ley”, argumentó el representante de campos, Mario Araya.