El Rector de la Universidad Católica de Temuco, junto con otros de sus pares, sostuvo reuniones con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, y con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en busca de replantear la aplicación de condicionales en el actual sistema de Gratuidad.
En menos de 24 horas, el presidente de la Red de Universidad Públicas agrupadas en el G9 y Rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez Ramírez, concretó dos importantes reuniones con autoridades nacionales. La primera, el martes 4 de este mes, con la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, junto con sus pares Jaime Quintana, Jorge Pizarro y Juan Ignacio Latorre; la segunda, con el Presidente Sebastián Piñera, a la par con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa.
En la primera cita Bórquez solicitó que se discutieran las últimas actualizaciones a la Ley 21.091 -la nueva Ley de Educación Superior- y el sistema de Gratuidad Universitaria, específicamente con foco en los artículos: 102, sobre la definición de vacantes, y los artículos del párrafo 2º De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, además del artículo 108, sobre cobro y la duración
nominal de las carreras.
El Rector, también integrante del Comité Ejecutivo CRUCh -el mismo que invitó a Provoste a dialogar- destacó la disposición de la senadora ante los temas propuestos.
“Nosotros le explicamos bastante detallado los impactos que está teniendo la aplicación de esta ley para las universidades. Ya venimos arrastrando un impacto desde la política de gratuidad en estos últimos 4 años”, explicó el Rector Bórquez.
“Si bien cuando se empezó la discusión de los aranceles que se iban a fijar, el ministerio hizo una consulta a las
universidades, finalmente se definieron estos en un trabajo conjunto con el comité de expertos, pero sin un espacio amplio de discusión con los regulados. Lo que va ocurrir, si no hay un cambio en la propuesta del ministerio, es un efecto de desfinanciamiento progresivo en las universidades. La actual aplicación del artículo 108, para el caso del G9, ha significado poco más de $10.000 millones menos para las universidades en el 2020, sin tener en consideración todavía la aplicación de estos nuevos aranceles de la resolución exenta publicada el pasado
viernes”, detalló la autoridad respecto a la solicitud que plantearon a la presidenta del Senado.
A lo anterior agregó: “Se exploró la posibilidad de trabajar alguna ley que permitiera suspender a lo menos la aplicación de los aranceles y las vacantes reguladas, hasta tener un estudio más detallado sobre definición de aranceles que entre otras cosas corrigiera la inequidad territorial. Es claro que el modelo propuesto finalmente termina dañando más a las universidades regionales que a las universidades metropolitanas. La senadora señaló que sí existía la posibilidad de revisar estos temas pero que no tenía certeza si el Parlamento tenía la posibilidad de plantear una ley como esta porque, cuando están implicados recursos, podría haber una obligación privativa del Ejecutivo. El acuerdo finalmente es que los senadores iban a explorar esa posibilidad”.
Finalmente Bórquez indicó: “Creo que la reunión con la presidenta del Senado fue muy positiva. Si bien es bueno tener la oportunidad de poder escuchar directamente al Presidente o hablar con él, creo que fue un análisis tan global de la situación de la pandemia, de la economía y cómo miramos este proceso constituyente, que no tuvo foco en el problema que las universidades hemos planteado, y claro, nosotros tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para lograr los cambios que son necesarios por el desarrollo de las instituciones de educación superior y del país, porque sin duda, la educación es el principal motor para alcanzarlo.