La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) solicitó este miércoles que se realice un catastro actualizado en el que se detalle la situación procesal penal de aquellas personas imputadas en supuestos delitos cometidos durante el Estallido Social.
En ese sentido, los jueces pidieron un informe que oficialmente contemple los datos del Poder Judicial, y del Ministerio Público. Esto debido a que, según el juez penal Mauricio Olave, ambos organismos “mantienen las estadísticas de todos los delitos que se cometen en Chile y que son conocidos por los tribunales”.
“Nos parece necesario que se sepa cuál ha sido la misión y la labor que han cumplido juezas y jueces de garantía y orales en lo penal en este período y que se determine con precisión el número de personas que se encuentran en prisión preventiva y a la espera de un juicio si es el caso”, añadió Olave.
En la misma línea, el juez penal espera que “esto pueda ser debatido al interior del Pleno del Máximo Tribunal y que pueda pedírsele al Ministerio Público el cruce de información que permita a la ciudadanía tener una visión panorámica correcta de un tema muy sensible y que nos preocupa”.
El anuncio llega luego de en la Convención Constitucional se discutiera en reiteradas ocasiones sobre “los presos de la revuelta”.