El Presidente Sebastián Piñera se refirió este lunes sobre la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que involucra al Mandatario con la venta de la minera Dominga en el año 2010, cuando ejercía su primer gobierno.
“Como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado“, señaló el jefe de Estado.
Adicionalmente, y de forma voluntaria, al no haber ley de fidecomiso ciegos en ese entonces, dijo que constituyó este tipo de mecanismo para todos sus activos financieros. “En forma igualmente voluntaria, también constituyeron fideicomiso ciego mi mujer y mis hijos como una muestra de trasparencia”, señaló.
“A partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional”, afirmó el Presidente.
“El objetivo de estas decisiones fueron precisamente enfrentar la candidatura presidencial y la futura presidencia, con total y absoluta independencia y autonomía para poder ejercer el cargo de Presidente de la República”, agregó.
“La decisión de la administración de esas empresas, de vender la minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés“, dijo.
Con respecto a la venta de Dominga, el jefe de Estado dijo que lo publicado por Ciper, en el caso de Chile, “fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y, además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de Justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación la fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo de la mencionada operación”.
“Quiero agregar que el primer tribunal de primera instancia decretó el sobreseimiento total y definitivo de esa causa, y que además esa decisión fue confirmada de forma unánime tanto por la Corte de Apelaciones, como por la Corte Suprema de nuestro país”, añadió.
En ese contexto, Piñera aseguró que por la venta del proyecto fue íntegramente remesado a su empresa madre dueña en Chile, cumpliendo con las reglas tributarias del país. “Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero“, afirmó, y que en el caso del pasado se hizo cumpliendo con la ley.
Insistiendo que sus negocios están en fidecomisos ciegos, al igual que los de su familia, significa que “que por mandato de la ley, que yo no conozco las inversiones que realizan las instituciones financieras profesionales, todas ellas reguladas por la autoridad que administra esos fidecomisos ciegos”.
“Es verdad que la política chilena está viviendo hoy un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de Justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad y delito, y además, estableciendo la nula participación de este presidente”, enfatizó.
“Quiero recordar que desde hace más de 10 años, que se vendió minera Dominga, ni este presidente -que nunca tuvo- ni tampoco ningún miembro de mi familia tiene participación alguna en minera Dominga. Entonces, ¿cómo puede haber un conflicto de interés por algo que ocurrió hace más de 10 años y que terminó hace más de 10 años? Por lo tanto, no hay ningún conflicto de interés”, aseveró desde La Moneda.
Acusación Constitucional
El Presidente Piñera aceptó tres preguntas de los periodistas que habitualmente cubren el Palacio de Gobierno. Una de las consultas fue sobre la acusación constitucional que evalúan algunos diputados de oposición.
Frente a ello, el máximo representante del país contestó que “pienso que no tiene absolutamente ningún fundamento” tras la investigación de la fiscalía y el descarte de delito por los máximos tribunales.
“Entiendo que estamos en periodo electoral, pero también entiendo que los que estamos ejerciendo cargos público tenemos que actuar siempre con responsabilidad y respeto a la verdad“, dijo.