Extrañeza y molestia por lo que consideran una intromisión a las labores docentes y un prejuicio a las políticas de inclusión y diversidad, calificó el Colegio de Matronas y Matrones de Chile en oficios enviados por los diputados Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano) y Harry Jürgensen (RN) a Ministerios y planteles universitarios inquiriendo información sobre docentes y recursos destinados a impartir “temas de género” y el gasto incurrido por el Estado en acciones de salud para personas trans.
En efecto, se conoció hace pocos días que ambos parlamentarios oficiaron a la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile (USACH) solicitando “cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos”, como asimismo solicitaron informe detallado de las acciones en salud trans a las carteras de Hacienda y Salud acerca de los gastos incurridos en cirugías y hormonización a todos los centros de salud que atienden a las personas transgénero.
“Esto es una intromisión totalmente indebida y fuera de lugar por parte del Parlamento a la labor docente y la libertad de enseñanza, a la labor sanitaria que realiza el Ministerio de Salud y el rol de la autoridad al proporcionar recursos, pero sobre todo un prejuicio respecto de cómo las casas de estudio, el Estado y la sociedad en general están promoviendo una mayor inclusión, mayor diversidad y menos discriminación, además de ir contra la libre cátedra en el caso de los planteles universitarios”, aseguró la presidenta del Colegio, Anita Román.
A juicio de la dirigenta, “estos parlamentarios se han caracterizado por no aprobar proyectos que vayan en la dirección de una mayor inclusión, o de presentar mociones como la de prohibir el lenguaje inclusivo en los colegios. Su conservadurismo es cosa de ellos, pero de ahí a meterse en la labor docente y de alguna manera amedrentar a directivos y académicos, y a funcionarios públicos, a través de estos requerimientos amparados por ley, me parece que es totalmente condenable”.
“Además, como es propio de sectores más conservadores, que rechazan agendas más progresistas, feministas y diversas, usan el término de ‘ideología de género’ como argumento para solicitar información, cuando esa ideología no existe ni es una disciplina, sino que es un invento de aquellos que buscan desprestigiar la labor de quienes siempre hemos abogado por inclusividad, paridad y no discriminación”, concluyó Anita Román.